Las denuncias surgidas durante los últimos días respecto del funcionamiento de la feria La Salada, en Santa Rosa, exigen un profundo estudio por parte de la dirigencia política, tal cual el Concejo Deliberante del departamento, mientras paralelamente otros organismos gubernamentales deberían actuar en razón de que se ha denunciado que la feria funciona de manera irregular, sin consentimiento oficial municipal, no existe control respecto de la mercadería que se ofrece y los puestos no se encuentran en condiciones de funcionar por fallas en infraestructura, especialmente en lo relacionado con la instalación eléctrica, como ha señalado recientemente el EPRE.
Un estudio realizado por la Unión Europea calificó a La Salada de Buenos Aires como "un emblema mundial del comercio y la producción de mercadería falsificada". Destaca que la feria moviliza 9 millones de dólares por semana y emplea a unas 6 mil personas.
Informa que sus orígenes se remontan a 1991, cuando un grupo de personas se instalaron en el barrio de Ingeniero Budge, montando sus propios puestos rudimentarios y vendiendo distintos tipos de productos, ya sea confeccionados por ellos o importados. Tuvo un crecimiento lento pero constante a lo largo de una década, pero reventó a fines de 2001, como consecuencia del estallido socioeconómico que favoreció el informalismo.
La ONG La Alameda, junto con la CGT presentaron una denuncia ante la Administración Fiscal de Ingresos Públicos para que investigue los talleres textiles que producen mayormente para la feria, por evasión fiscal y trabajo esclavo. Aseguran que la feria factura 150 millones de pesos por día y se sustenta en 30 mil talleres clandestinos en los que se violan normas de higiene y se registran trabajadores en condiciones de tráfico ilegal.
En los últimos cinco años, La Salada intentó instalarse en el interior del país. La iniciativa no prosperó en Córdoba pero sí en Mendoza, a través de un "acuerdo" con la comuna de Santa Rosa. Hubo fuertes reclamos de parte de empresarios mendocinos, quienes pidieron al Gobierno provincial que se les aplique a los feriantes del predio las mismas exigencias que a un comerciante común, recibiendo en ese aspecto una respuesta positiva de parte de la Agencia Tributaria Mendoza. Sin embargo, a más de dos años de su funcionamiento efectivo, los mendocinos nos enteramos de que la feria actúa en la más completa informalidad, en razón de que no está habilitada por la comuna.
En los hechos, se trata de un negocio inmobiliario espectacular, ya que son 900 los puestos que funcionan los fines de semana (parte de ellos consistentes en construcciones de ladrillo de 2 por 3 metros y el resto con paredes y techos de lona que abonan, cada uno de ellos, 500 pesos para poder funcionar.
En concreto, los dueños de La Salada santarrosina embolsan la nada despreciable suma de casi 2 millones de pesos mensuales, habiendo realizado una inversión insignificante. Para colmo de males, en la discusión entre el empresario y el intendente surgió a la superficie lo que sucede con la recaudación de la playa de estacionamiento, que percibe la comuna, que habría alcanzado cifras importantes pero que se desconoce su destino.
Cualquier persona que desee instalar un negocio -sea cual fuere su importancia- en algún lugar de la provincia, debe realizar incontables gestiones ante distintos organismos para poder a desarrollar su tarea. Por ese motivo no se entiende que La Salada continúe funcionando en la más completa ilegalidad y no haya nadie que adopte las medidas necesarias para terminar con esa situación.
