Los casos de inseguridad se repiten en el Gran Mendoza y en otras regiones de la provincia. La ciudadanía está resignándose a vivir con temor o apremiada por delincuentes de feroz calaña, que no titubean en apoderarse de bienes ajenos y dañar a las personas.
Las crónicas de las secciones policiales son un muestrario de la indefensión con que vive la población, en especial los habitantes más humildes y vulnerables, que no pueden disponer de mecanismos de protección y seguridad a los que eventualmente acceden otras capas de la población.
Ataques a personas mayores, incapaces de causar con su resistencia algún peligro a los "audaces" malvivientes, saqueos, robos y hasta destrucción en jardines de infantes o escuelas primarias o secundarias, además de maltrato a víctimas quebradas en su posibilidad de defenderse, son moneda corriente y una triste realidad.
Los delincuentes actúan en banda o en solitario y son más los hechos al margen de la ley que prosperan y quedan impunes que los que se resuelven. Robar está muy mal en todos los casos, pero lo que subleva es lo poco que vale la vida para despiadados marginales que matan sin ninguna razón.
Los efectivos policiales operativos y los servicios de inteligencia del Ministerio de Seguridad no pueden controlar la gran cantidad de ilícitos que se cometen a diario, como si hubieran caído también en el desaliento, la inoperancia o el desconcierto.
Ladrones y asaltantes se mueven con relativa facilidad por las calles y causan golpes sorprendentes, como el operativo comando que ejecutaron 3 hombres con pistolas, que de manera audaz se alzaron con 2 millones de pesos, producto de la recaudación de una tarjeta utilizada para viajar en el servicio público de transporte de pasajeros.
O los inconcebibles episodios que individuos, probablemente menores, ejecutan con total desparpajo en calles del Centro Cívico, a metros de la Casa de Gobierno, violentando puertas de blíndex de negocios, sin importarles las grabaciones de cámaras de seguridad allí instaladas, que eventualmente podrían estar registrando sus movimientos.
Dicho sea de paso, vale preguntarse si esos elementos tecnológicos para proteger a los ciudadanos están en pleno funcionamiento. La inmunidad con que actúan los salteadores indicaría que las cámaras, o parte de ellas, están de muestra en muchos sitios de la ciudad.
Lo relatado es apenas una diminuta porción de un panorama de impredecibles consecuencias de la carrera delincuencial que los maleantes están llevando a cabo.
La vida segura, a la que aspiran miles y miles de familias pacíficas, empeñosas y trabajadoras de nuestra provincia, se merece que las autoridades revisen sus mecanismos de lucha contra el delito y logren revertir el gris escenario que tenemos hoy.
Es otro motivo para que las autoridades que terminan su mandato y las electas unan coordinaciones para intentar que sus equipos técnicos y profesionales juntos puedan revertir el avance del delito.
