En numerosas oportunidades hemos insistido en la necesidad de abordar el tema de la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la sociedad, junto con la inflación y la corrupción. Sin embargo, para las autoridades nacionales se trata de temas que directamente no existen y en ningún caso es abordado por la Presidenta de la Nación en sus reiteradas apariciones televisivas durante los últimos tiempos.
Es más, cuando algún funcionario en su momento se refirió al tema, llegó a afirmar que se trataba de una “sensación” de inseguridad provocada por los medios “dominantes” que insistían durante días con un mismo delito, lo que inducía a la gente a un error. Este aspecto se reiteró hasta que las propias autoridades comprendieron que no se podía engañar más y que la realidad le pasaba por encima a esa tenue y débil afirmación.
Hasta no hace mucho tiempo -podríamos afirmar poco menos de dos décadas- Mendoza era considerada una provincia tranquila y segura. Épocas en que las familias en el verano solían salir a “tomar fresco” a la vereda, mientras el frente de las casas se adornaba con verjas de madera y de pocos centímetros de altura. Con el correr del tiempo, aquella costumbre quedó en la historia y las viviendas se reforzaron con rejas en puertas, ventanas y también en los jardines.
No se puede decir que en la Provincia las autoridades hayan dejado de lado el tema de la inseguridad. Se ha incrementado la presencia de efectivos en las calles, aunque la cantidad resulte insuficiente para cubrir las necesidades actuales, mientras se ha multiplicado la instrumentación de cámaras de seguridad.
Al decir de algunos, esa situación ha derivado en que la delincuencia modificara su modo de actuar y prefiriera dejar de lado el accionar en los centros urbanos para centrar su actividad delictiva en zonas rurales. Es así que se ha multiplicado el número de delitos en sectores donde, por su amplitud, es de muy difícil control por parte de la policía y donde tampoco se pueden instalar cámaras de vigilancia. Con esas “facilidades”, los malvivientes suelen cometer los delitos y, en muchos casos, actuando con saña contra los afectados, a sabiendas de que las distancias entre las viviendas favorecen su accionar.
Pero no todo se centra en los delitos contra familias y con violencia, ya que, tal como se conoció días pasados, los delincuentes también han tomado como objetivo el tendido eléctrico, llevándose cables o transformadores. En este último caso -se indicó- con un promedio de uno cada 15 días. Los antisociales aprovechan la soledad de los lugares en que están instalados, especialmente en los casos de fincas que los utilizan para el funcionamiento de las bombas para los pozos surgentes.
Para poder dar una idea del problema que generan, se señaló que, como sólo pueden vender las bobinas de cobre, con cada transformador los delincuentes reciben una suma de 5 mil pesos. Sin embargo, para el damnificado por el robo, reponerlo y ponerlo nuevamente en funcionamiento le cuesta más de 80 mil pesos.
La misma información daba cuenta de que la policía logró detener a los integrantes de una banda dedicada al robo de transformadores, que tenía su conexión con delincuentes también del Gran Mendoza, que derivaban la “mercancía” hacia otras provincias.
Si bien hay en algunas zonas -como sucede con el Este- una conjunción entre policía y cooperativas para actuar contra el delito, resulta necesario que los destacamentos o comisarías ubicados en zonas rurales cuenten con los elementos y el personal suficiente para hacer frente a una ola de delitos que afecta a una parte importante de la población sin descuidar, por supuesto, la tarea que se desarrolla en zonas de mayor densidad de población.
