A medida que avanzan los meses, los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) siguen generando alteración entre los funcionarios, la oposición y los economistas independientes. Por supuesto, los más molestos son los asalariados y los jubilados, a los cuales el impuesto inflacionario les pega de lleno.
La persistencia del proceso se ha generado con los aumentos de tarifas que comenzaron en diciembre pasado y terminarán en abril próximo, aunque puede quedar algún aumento adicional del transporte para el segundo semestre, y algunos ajustes menores de luz y gas. Estos nuevos precios de los servicios pegaron fuerte en asalariados y jubilados que seguían con sueldos viejos.
Pero las nuevas tarifas impactaron en los costos de producción y comercialización de las empresas. Los aumentos revelan, además, la falta de inversión en mejorar la eficiencia en la utilización de servicios de gas y electricidad. Probablemente las empresas tampoco habían dimensionado el horizonte de tarifas que implicaba el retiro de los subsidios.
Todos estos impactos se van acumulando en los costos y también se trasladan a precios a consumidores que no han visto actualizados sus salarios.
Esta situación genera tensiones en el mercado que se traducen en menores ventas en muchos sectores, aunque hay otros que los pueden absorber sin problemas.
El problema, no obstante, se realimenta en el humor social cada vez que se conoce un índice. Las proyecciones que hoy hacen la mayoría de las consultoras especializadas hablan de un índice cercano al 2% para marzo y algo similar para el mes de abril.
El cuatrimestre cerraría con un acumulado de 9%, por lo cual solo quedaría 6% para acumular en los 8 meses restantes hasta fin de año.
Por más buena voluntad que uno le ponga, resulta difícil imaginar que en los 8 meses restantes del año se pueda acumular solo 6%.
Y es ahí donde aparecen las proyecciones de las consultoras, que dan valores muy diferentes, pero que en promedio estarían cerca de 20%.
El problema es por qué estas proyecciones, ya que los aumentos de tarifas terminarán en el mes de abril.
Por ahora, las tarifas impactan en la producción y comercialización de alimentos y bebidas y productos de tocador y limpieza, que conforman el grueso de la canasta básica.
Una vez que termine el efecto de tarifas, hay que revisar los elementos típicos de generación de inflación que, como sabemos, es un fenómeno básicamente monetario.
Las fuentes de la inflación
La fuente directa que genera inflación es la expansión monetaria generada para financiar el gasto público. Otro caso de expansión es cuando el Banco Central decide comprar dólares, para lo cual debe emitir moneda que se suma al circuito.
Esto es lo que ocurrió hasta enero, cuando ingresó el último préstamo tomado por el Tesoro en el exterior, por 9.000 millones de dólares.
Analizando los balances del BCRA surge que la masa monetaria se está expandiendo a un ritmo de 13% anual, consistente con las metas de inflación y con los objetivos de política monetaria, ambos coincidentes con las nuevas metas de inflación para 2018, de 15%. Por esta razón no habría causas técnicas para que la inflación, salvo por las tarifas, pueda ser un riesgo.
Por otra parte, los inversores especulativos tienen otra lectura y es que el dólar está muy atrasado en la Argentina y presionan para comprar todo lo posible, lo que hace subir su cotización.
Esta suba del precio de la divisa, que en diciembre estaba a 17 pesos, es considerada como suficiente por el BCRA, que no quiere consecuencias inflacionarias en esta adecuación de valores y prefiere hacerlo en forma más lenta.
Por ahora, el Banco Central vino interviniendo en el mercado y habría gastado cerca de 2.000 millones de dólares en las últimas 8 jornadas para mantener a raya la cotización de la moneda norteamericana, que tampoco tiene estímulos internacionales para crecer, toda vez que se mantiene muy devaluada frente al resto de las monedas.
Con esto, además, la autoridad monetaria retiró cerca de 30.000 millones de pesos de circulante, pero la presión se sigue sintiendo.
El impacto social
Es indudable que hay un impacto social importante. El miércoles el ministro Aranguren anunció un nuevo ajuste de las tarifas de gas (que afectará el consumo de invierno), cuyos aumentos oscilarán entre un 32 y un 40%, que se sumarán a los aumentos de la luz. Dado que los salarios aún no han sido actualizados, es comprensible el malhumor social ya que los presupuestos no están adecuados a la nueva realidad.
El gobierno pretendía que las pautas salariales no se ajustaran más que un 15%, para dar señales de confianza, pero la mayoría de los gremios que han cerrado sus paritarias han aceptado ese 15% en dos o tres tramos, pero con una revisión a fin de año. En algunos casos se habló de "cláusula gatillo", como ocurrió con la mayoría de los estatales mendocinos, y en otros casos solo se habla de "cláusula de revisión", que es un eufemismo para decir lo mismo.
Lo real es que el impacto se siente en el comercio, donde los súper e hipermercados han visto resentidas sus ventas en el primer trimestre del año, ya que el mayor impacto se ha sentido entre la clase media y la baja, constituida, básicamente por asalariados, jubilados o desempleados.
La mezcla de impactos sociales se extiende a los problemas laborales. El Indec informó que el trabajo informal en el último trimestre del año llegó a afectar al 34,2% del total de los trabajadores en relación de dependencia, y esto muestra las dificultades de las empresas para poder sostener empleos registrados con las altas cargas sobre la nómina salarial, que duplican lo que los trabajadores perciben en mano.
Lamentablemente, la pelea entre el gobierno y el sindicalista Hugo Moyano hizo fracasar un tibio atisbo de reforma laboral que planteaba, entre otras cosas, un blanqueo laboral. No obstante, ese blanqueo tenía un obstáculo insalvable, y es que poner las cosas en regla para tener que afrontar los mismos costos que se habían evitado no es un incentivo para nadie.
Los dirigentes de la CGT en su momento se alinearon con Moyano y descartaron acuerdos a los que ya se habían comprometido y los legisladores del justicialismo no quisieron avanzar sin el aval sindical. En la realidad actual, las empresas que quieran crecer se verán más estimuladas a comprar máquinas con alta tecnología que a tener empleados nuevos.
La inflación es un problema y es hija directa del gradualismo, que no permite terminar de manera rápida con el déficit fiscal, la expansión monetaria y la presión sobre el dólar. Mientras esto no cambie, seguiremos afectados y teniendo que soportar bajas tasas de crecimiento por la falta de inversiones adecuadas.
