Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
El martes pasado se conocieron los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto el nacional, que publica el Indec como el local, que elabora la DEIE. En ambos casos se registraron subas. Fue de 1,4% en la medición nacional y de 2% en la medición provincial. Con estos números, el acumulado de los primeros ocho meses del año es de 15,4% a nivel nacional y del 17% en el acumulado provincial.
Quizás hay dos datos que generan dudas acerca del proceso de precios. Por una parte, la inflación núcleo, aquella que excluye precios estacionales y precios regulados, que sigue estando por sobre el dato final del IPC. Por otra parte, si bien el índice nacional no permite comparaciones interanuales, ya que debutó hace poco, se puede hacer con los índices del Gran Buenos Aires. El acumulado interanual, hasta agosto, está dando 23,1%, un número muy superior a la meta de inflación del 17% que había fijado el Banco Central.
A la hora de buscar explicaciones, surgen infinidad de posibilidades y si uno se pregunta las razones por las cuales el índice sube más en Mendoza que en el promedio nacional, aparecen argumentaciones poco claras que se caen cuando se aprecia que el promedio de Cuyo dio 1,4%. Si Mendoza midió 2%, es probable que San Juan y San Luis hayan medido cerca del 1%.
Problemas no resueltos
Evidentemente, los datos muestran los efectos del elevado volumen de gasto público, que incide en la economía y además genera déficit, a pesar de que viene evolucionando bien tanto la recaudación de impuestos como la de aportes y cargas laborales. Este volumen de gasto no se financia a pesar de la exorbitante presión impositiva y se debe recurrir a la emisión de deuda en el exterior y algunas asistencias del Banco Central.
Esto da como resultado que desde el BCRA tengan que emitir dinero para comprar los dólares que ingresan por préstamos y este volumen presiona sobre toda la economía. Como buen fenómeno monetario, la inflación no es más que la resultante de erogaciones excesivas del Estado que no crean riquezas sino que las detraen de la sociedad.
Pero a esto se le agregan factores de expectativas que agravan el panorama y es la práctica indexatoria que se ha popularizado a partir de la desconfianza de la sociedad en que se vaya a bajar la inflación realmente. Así, el Estado indexa las tarifas reguladas y promete indexar los salarios de sus trabajadores. En el sector privado se hace lo mismo, aunque los precios se aumentan antes, por las dudas.
El tema de las expectativas es fundamental porque son el motor de la economía. Hasta ahora habían respondido bien, pero la persistencia inflacionaria genera cansancio, aunque los mismos que se cansan son lo que se niegan a que el gobierno actúe en forma más acelerada.
Si bien las proyecciones de los analistas aparecen como positivas, son sólo estimaciones en función de diversas variables aunque con pocos fundamentos técnicos. Está claro que la presión que hace el Banco Central manteniendo tasas muy altas sólo consigue mantener quieto al dólar pero no frena la inflación, a pesar de que el consumo no crece como todos quisieran.
Otro punto a tener en cuenta es que la política de tasas altas sólo consigue mantener atrasado al dólar frente a la inflación. No obstante se produce una confusión justo en momentos en que la moneda norteamericana se devalúa y se revalúan la mayoría de las monedas de otros países, especialmente las de los países emergentes.
Esta devaluación del dólar, de sostenerse -como prevén los analistas- traerá como consecuencia una suba de los precios de las materias primas. Dado que nosotros exportamos materias primas podríamos ver un proceso de suba de precios de maíz, trigo, carne y sus derivados. Ésta sería la variable de la inflación de mercado (oferta o demanda), aunque su raíz es financiera o cambiaria.
Este proceso, que se verifica en los mercados internacionales, es posible absorberlo sin grandes problemas si se elimina la inflación causada por el Estado por el desmadre del gasto y el déficit; pero si ambos efectos se superponen, la situación queda muy expuesta y hay que recurrir a apretar más vía tasas produciendo una retracción mayor de la economía.
El costo del gradualismo
El gobierno viene defendiendo, contra todas las opiniones, las bondades de aplicar una política gradual para aplicar una serie de reformas, que se han mezclado con mayores subsidios y acciones, más propias de gobiernos populistas, como las ayudas que reciben los grupos piqueteros que, a pesar de todo, se quejan porque quieren mayores subsidios.
El caso más típico es el de los aumentos de tarifas. Después del disloque del principio, el gobierno cumplió el procedimiento de hacer audiencias públicas y todos sabían el cronograma de aumentos. No obstante, cada aumento levanta olas de protestas y el clásico titular de los medios: “Otro golpe al bolsillo de los argentinos”.
Esto hace que se consuma mucha energía hasta el próximo aumento y así, el gradualismo se va transformando en una pesadilla más que en una virtud. En el medio, los comerciantes aumentan sus precios un poco más porque no saben medir sus consumos y se cubren mientras los medios siempre sacan a la jubilada que cobra la mínima, que tiene un calefactor y le llegó una factura de $ 6.000 de gas.
El problema del gradualismo es que nadie sabe cuándo termina ni qué tarifa me aumenta este mes y los que tienen que poner precio tratar de cubrirse mientras los que consumen, bajan sus compras porque no saben cuánto les llegará la nueva factura de servicios. Los negocios venden menos y despiden personal ante la incertidumbre y los que tienen trabajo consumen menos porque quieren ahorrar ante el riesgo de quedar despedidos. Así es la rueda loca.
Hasta ahora nadie ha demostrado en forma certera los verdaderos costos del gradualismo. Ya dijimos en esta misma columna que el gradualismo puede tener distintas velocidades, pero cuando se hace tan lento se transforma en un ajuste adicional. Tanto es así que nadie cree en el fin del ajuste y la promesa de un ajuste eterno no reditúa en lo político ni en el clima social.
La inflación causada por el Estado y la falta de coraje para aplicar medidas con razonabilidad terminan complicando todo porque hasta la reforma impositiva deberá ser gradual y nadie puede esperar que haya una rápida recuperación de las inversiones, el empleo y el crecimiento, porque también serán graduales.
