El gobierno de Alberto Fernández intenta preparar el terreno para poder negociar la deuda en forma amistosa y conveniente. Para ello debe mostrar signos de solvencia para ser creíble ante tenedores de bonos ya cansados de las idas y vueltas de la Argentina. El mejor escenario será mostrar superávit fiscal y no pedir más plata prestada.
Ésta no es una virtud en sí misma sino un dato de la realidad. Es que al no haber crédito es imposible reducir el déficit fiscal porque la única forma de financiarlo sería con emisión monetaria y esto puede generar una disparada de la inflación. Este proceso es el que deben detener o al menos dar señales en ese sentido. Intentan mostrar equilibrio fiscal, desindexación de la economía, reactivación del consumo y freno a la inflación. Es una ecuación muy difícil.
Para lograr el objetivo fiscal se crearon o aumentaron impuestos, se restablecieron las retenciones a las exportaciones y se suspendió la cláusula de ajuste jubilatorio. En el terreno del consumo se preocuparon por dar dos bonos de $ 5.000 a los jubilados que cobraban hasta $ 20.000 y un aumento salarial, a cuenta de futuras paritarias, de $ 4.000 a los empleados privados y estatales.
Con la intención de frenar la suba de precios, se congelaron las tarifas de los servicios públicos por 180 días, hay una virtual paralización de las paritarias, mientras el Banco Central mantiene congelado al dólar y -con un cepo-, pretende bajar las tasas del mercado generando mayor oferta monetaria.
Todo este plan tiene por objeto tratar de acordar con los acreedores la refinanciación de la deuda, para después entrar en la más compleja, que es la que quedó pendiente con el FMI, la más voluminosa y con vencimientos muy cortos a partir de 2021.
El problema es que el Gobierno tomó una serie de decisiones que parecen contradictorias con los objetivos que busca. Estas medidas, tomadas así con rapidez, han generado una tensa calma pero no han conseguido mejorar las expectativas. Algunas, como las de los jubilados, han causado malestar en la población y prometen ser una fábrica de nuevos juicios.
La inflación es el peor espejo
Conocidos los índices de inflación de 2019, las expectativas están puestas en el comportamiento futuro de los precios. Según un estudio privado, si no aumentara ningún precio durante este año, la inflación igual sería de 21% por arrastre de 2019, con lo cual se complica el panorama de conseguir un objetivo de no más del 40%.
Se cerró el programa “Precios Cuidados” sólo con hipermercados y con algunas primeras marcas, pero han quedado excluidos los supermercados y autoservicios que trabajan en cercanía con el consumidor, así como los comercios chinos que abarcan una gran parte del universo minorista.
Además, los precios fijados son superiores a los que regían, como una forma de convalidar a las empresas un colchón. Al parecer no importa si suben mucho ahora, con la confusión. Lo importante sería que no aumentaran en los próximos 90 días.
Pero con esta técnica, les han fijado un precio tan alto a las líderes, que les dejan un margen cómodo a las segundas marcas que podrán aumentar sin llamar la atención. La inflación es el peor espejo para los gobiernos.
Los funcionarios confían en que los precios se estabilicen en un 3% mensual aunque nadie quiere hacer vaticinios sobre enero, cuando ya hubo aumentos fuertes, y el resto del año, sobre todo a partir de julio, cuando deberían quedar sin efecto los congelamientos de tarifas. Estas medidas implican al Gobierno un alto costo fiscal, que compromete sus metas fiscales e inflacionarias.
A la pesca de dólares
Con el objeto de mostrar solvencia, el Gobierno quiere acrecentar las reservas del Banco Central para, además, hacer frente a vencimientos mientras se negocia la deuda. Pero ha encarado el camino más complicado. Lo más lógico sería que el Tesoro alcanzara superávit fiscal (no podría financiar déficit) y con esos excedentes comprar dólares en el mercado.
Pero eligieron un camino conflictivo. En principio, es el Banco Central el que está comprando dólares en el mercado, para lo cual debe emitir y expandir la base monetaria. Este camino no lo podrá sostener porque pondrá en riesgo la meta inflacionaria.
Pero además, pusieron trabas para la importación de unos 300 productos con licencias no automáticas, un mecanismo por el cual Argentina ya recibió una condena en la OMC en 2014. La excusa de que es para cuidar dólares no tiene sentido. A diferencia de lo que ocurría durante el kirchnerismo, ahora el Banco Central no percibe los ingresos de exportaciones y no abastece a los importadores. Todo se hace en el mercado.
Con estas acciones sólo se consigue aumentar los conflictos internacionales, incluso dentro del bloque del Mercosur y el gobierno no puede pretender que el BCRA compre el superávit comercial porque daría pie a una estampida inflacionaria.
Lo único que resta esperar es que se tomen medidas más prolijas y mejor coordinadas con los objetivos de corto plazo. La inflación seguirá siendo el mayor desafío y se pondrá a prueba en febrero, cuando estacionalmente baja la demanda de pesos.
Puede haber una corrida hacia el mercado marginal del dólar que obligue a mover el oficial. En previsión, sería más inteligente comenzar a actualizar el tipo de cambio lentamente antes de que el mercado haga otra corrección violenta.
