El desarrollo judicial de la causa seguida contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa se está transformando en un verdadero escándalo desde todos los puntos de vistas que se lo analice.
Más allá de las complejidades jurídicas, el caso es de una evidencia clarísima que cada día va quedando más y más a la luz: un par de capitalistas “amigos” del gobierno de turno, en este caso del kirchnerismo, decidió quedarse con los dineros que ellos, en sus empresas, recaudaban para las arcas públicas. Para ello contaron con la indispensable anuencia de las autoridades de la Afip que le permitieron seguir durante mucho tiempo con esa modalidad ilegal. A cambio de dichos “favores”, los empresarios se comprometieron a incursionar en actividades que desconocían, en particular las mediáticas, ya que el poder político quería tener medios de comunicación adictos para enfrentar a los independientes y para hacer descarada propaganda al servicio del gobierno disfrazada de noticias y de información.
Como era de prever, apenas el gobierno que toleró tamaña defraudación al fisco fue remplazado por otro, los medios y las empresas así adquiridas dejaron de pagar sueldos y se aproximaron a su quiebra, ya que lo único que los sostenía en pie eran los dineros malhabidos y el apoyo estatal.
A partir de allí queda al desnudo que los señores López y De Sousa habían “retenido” para sí la friolera de casi mil millones de dólares correspondientes al fisco, lo que con el correr del tiempo, y ante la evidencia del escándalo, llevó a la detención y procesamiento de ambos.
Sin embargo, por estos días los dos acusados fueron liberados por una Cámara, la cual además les cambió la carátula de defraudación impositiva por otra que los juzgará por la mera evasión. De ese modo, si esto no es apelado y modificado, los deudores fraudulentos podrán pagar a la Afip tarde, mal y nunca, con lo cual quedará en evidencia que en la Argentina cuando los delitos los cometen los ricos y poderosos, la tolerancia de la Justicia es por demás generosa, cosa que no ocurre cuando los imputados son personas de escasos recursos, donde allí sí se aplica toda la fuerza de la ley.
Un contribuyente evade cuando no paga una obligación tributaria que adeuda, pero cuando alguien se queda con dinero que nunca fue suyo, que sólo percibía por cuenta de terceros, queda claro que allí no nos encontramos frente a una mera falta de cumplimiento sino de un delito. Porque se usan, para fines propios, recursos ajenos, sin autorización y para colmo en este caso, propiedad del Estado, o sea de todos los contribuyentes.
Son muchas las reacciones que han acontecido en estos días luego de la decisión judicial en favor de dichos empresarios. Es de esperar que ello se traduzca en un retorno a la Justicia que en este caso parece haberse extraviado, lo que preocupa no sólo por este caso en particular sino por el riesgo de que la impunidad judicial pueda generalizarse por culpa de los malos magistrados que aún permanecen en sus puestos y que de un modo u otro tienen relaciones non sanctas con los que hoy se amparan al considerarse presos políticos, cuando en realidad lo único que hicieron es cometer delitos comunes aprovechando su paso por el Estado.
