Cristina Fernández de Kirchner se convirtió el jueves en la primera ex presidenta de la Nación con pedido de desafuero y detención por el cargo de traición a la patria.
El pedido de quita de sus fueros obedece a su reciente incorporación al Congreso como senadora nacional.
La ex primera mandataria es investigada por la acusación de encubrimiento a los presuntos autores iraníes del atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido en julio de 1994.
El accionar del juez Claudio Bonadio en el marco de dicha investigación incluyó a varios ex funcionarios de los gobiernos kirchnerista y allegados a esa corriente política, que quedaron detenidos, como el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y el ex canciller Héctor Timerman, con arresto domiciliario por cuestiones de salud, entre otros personajes de tremenda injerencia política durante los últimos 12 años.
Debe tenerse muy en cuenta que la acusación de encubrimiento a los responsables iraníes de la voladura de la mutual judía fue llevada a cabo por el extinto fiscal de la Nación Alberto Nisman, quien apareció muerto por el uso de arma de fuego en su departamento pocas horas antes de concurrir a exponer su investigación y denuncia ante el Congreso de la Nación.
Nisman, en enero de 2015, no sólo reveló que el memorando de entendimiento entre la Casa Rosada y las autoridades iraníes, refrendado por el Congreso, habría sido gestado para atenuar el impacto de la acción de ex funcionarios iraníes en el ataque a la sede judía porteña, sino que dijo haber comprobado que todo fue gestado desde la cima del poder político argentino de ese momento, razón por la cual consideró que las autoridades del Ejecutivo nacional debían ser sometidas a un proceso judicial bajo el cargo de traición a la patria en virtud de la envergadura de la acción gestada.
Al margen del estrépito político que ha generado, la acción del juez federal Claudio Bonadio debe ser seguida con atención ya que en base a la investigación y denuncia llevada a cabo por el fallecido fiscal Nisman pudo llegar a la actual instancia de ordenar los procesamientos y prisión preventiva de las autoridades kirchneristas que finalizaron su labor en diciembre de 2015, con la ex presidenta de la Nación a la cabeza.
Corresponde a partir de ahora a los miembros del Senado nacional decidir si la ex presidenta Fernández de Kirchner debe ser sometida libremente a juicio o no.
Dependerá de la consideración que se haga en dicho cuerpo legislativo del pedido de desafuero hecho llegar por el juez actuante. Ya el jefe del bloque justicialista rápidamente expresó que su sector partidario considera que no corresponde el pedido de prisión preventiva que hace el juez en virtud de que, según su criterio, la ex presidenta de la Nación “ha estado siempre ajustada a derecho”.
Es por ello que no accederá el bloque que preside a tratar el pedido de desafuero de Cristina Kirchner solicitado por el doctor Bonadio mientras no haya sentencia sobre los cargos que se le formulan, lo cual, en virtud del número de senadores que responden a dicha corriente política, es de esperar que por lo menos en lo inmediato la solicitud de desafuero no llegue a ser complacida.
Mientras tanto, la ex presidenta no dudó en acusar públicamente al actual jefe del Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, de ser el mentor de una acción política de persecución a los opositores a su gobierno a través de la Justicia.
Más allá de la razonabilidad que puede tener la decisión de los senadores de no tratar rápidamente el desafuero de la ex presidente, no caben dudas de que la Justicia viene obrando en los últimos dos años con mayor libertad y sin la influencia de intereses políticos ocasionales. Y la gravedad de las acusaciones que probablemente le hayan costado la vida al fiscal Nisman no toleran más dilaciones por parte de Justicia.
Sería iluso suponer que la suma de denuncias contra Cristina Kirchner (la de la causa AMIA es sólo una de ellas) forma parte de una acción orquestada para silenciar a opositores del actual gobierno nacional.
