Varias de las elecciones provinciales, Tucumán y San Fe son emblemáticas, y las PASO nacionales, han dejado suficientes pruebas de falta de transparencia, de fundadas dudas sobre los resultados. Compra de votos, quema de urnas, robos de boletas, miles de telegramas con serios defectos configuran un cuadro por el que buena parte de la ciudadanía está convencida de que en las elecciones hay fraude.
Esa práctica repudiable, que en nuestro país llevó mucho tiempo erradicar, es atribuida a quienes ejercen el gobierno, tanto nacional y provincial cuanto municipal. Estos antecedentes recientes, y la importancia que reviste la elección presidencial, exigen que la votación y el escrutinio no dejen duda alguna sobre su legalidad y transparencia.
Del cumplimiento estricto de esas condiciones dependerá no sólo la recuperación del prestigio de las elecciones como instrumento fundamental de la democracia, sino del comienzo de un proceso de recuperación institucional que el país necesita imperiosamente.
Los obstáculos que pueden interferir en ese proceso de legalidad y transparencia no son pocos, aunque es necesario destacar que, a propuesta de los partidos políticos de la oposición, las autoridades electorales han introducido importantes mejoras que ayudarán a alcanzar los objetivos señalados.
Las dificultades comienzan con la vigencia de un arcaico régimen electoral que no se ha querido modificar, introduciendo la boleta única, prohibiendo las colectoras y otras prácticas que van contra la transparencia. En el caso de la elección presidencial, rige un complejo mecanismo para determinar si el ganador se consagra en primera vuelta, o será necesario aplicar, por primera vez desde su sanción, el procedimiento de segunda vuelta.
Esto ocurre por la reforma introducida en la Constitución Nacional en 1994, en los artículos 94 a 98, estableciendo un sistema de doble vuelta atenuado: si la fórmula más votada obtiene más de 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vice de la Nación (art. 97).
La segunda alternativa (art. 98) dice que “cuando la fórmula más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el 40% por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación”.
Si no se dan ninguna de estas dos situaciones, se realizará la segunda vuelta entre las dos fórmulas de candidatos más votados (art. 96). En resumen, se gana en primera vuelta con más del 45% o con el 40% y una diferencia de 10 puntos.
La mayoría de la encuestas proyectan un resultado donde en todos los casos la fórmula más votada es la del FpV (Scioli-Zannini), pero que podría quedar por debajo del 40%, por un escaso margen, un asunto clave tanto en la votación cuanto en el escrutinio.
Para comprender mejor esto, tengamos en cuenta que en las PASO la cantidad de votantes fue de 24.000.000 (en cifras redondas), en consecuencia un punto porcentual equivale a unos 240.000 votos y una décima, lo que diferencia obtener el 39,9% en lugar del 40%, equivaldría a unos 24.000 votos. De ahí la enorme importancia de la limpieza de los comicios y la precisión del escrutinio.
Sobre este procedimiento es muy importante tener en cuenta que se realizan dos escrutinios, dos conteos de votos, uno al cerrar el comicio, denominado escrutinio provisorio. Este escrutinio no tiene validez legal porque no interviene la Justicia Electoral, “pero tiene la capacidad de imponerse como verdad ante la opinión pública, que quiere conocer cuanto antes el resultado”.
Luego se realiza el escrutinio definitivo en la Junta Electoral, que puede demorar varios días o semanas. La complejidad de este asunto no es poca en razón de que en 11 provincias hay elecciones provinciales y municipales simultáneamente.
En función de lo expuesto, es necesario realizar un llamado a las autoridades electorales, a los partidos políticos, a los ciudadanos todos, a proceder con la máxima honestidad y prudencia. De la calidad de la elección, de legalidad y transparencia dependerá la legitimidad de origen del próximo gobierno. Si esa legitimidad es cuestionada la democracia quedará dañada por mucho tiempo.
