En el comienzo del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, hizo un fuerte llamado a la honorabilidad de los magistrados y les pidió, entre otros conceptos, que sean “refractarios a todo interés personal, ideológico y político”. Y acotó con dureza: “Ni gobierno ni oposición: el imperio de la ley”.
Las palabras del juez supremo se produjeron en momentos de indudable tensión en el ámbito judicial por la realización de grandes procesos por corrupción que involucran a Escríbanos a cartasyopinion@losandes.com.ar Las cartas deben tener aproximadamente 220 palabras. Riña de gatos El escritor español Eduardo Mendoza, en su novela “Riña de Gatos” cuenta una historia ficticia, pero basada en situaciones que en esos años vivía España, desarrollada en Madrid a fines de la década de 1930, en la que la política, el dinero, la policía, los jueces y el espionaje se transforman en una tragicomedia merecedora de ser leída. Ser leída especialmente por la similitud de situaciones que lamentablemente vivimos hoy los argentinos, inmersos en peleas inter y extrapartidarias políticas, mezcladas con intrigas de espionajes y delaciones entre bandos, cual una verdadera “riña de gatos”. Se ha solido decir que Argentina va siempre unos cuantos años atrás de Europa en su desarrollo. España superó los hechos reales que la aquejaban, relatados en forma de ficción por el escritor Mendoza, cuando sus políticos advirtieron el desastre en que se encontraba su país, y acordaron un nuevo rumbo a través de un memorable Pacto De la Moncloa, que si bien no resolvió todos sus problemas socioeconómicos, sirvió de guía para encontrar tiempos mejores. Es de esperar que en nuestro caso también ocurra que nuestra clase política termine con sus increíbles riñas ( intrapartidarias y entre diferentes partidos) y nos lleve a una situación que permita recuperar el merecido y ansiado despegue, para que podamos ubicarnos nuevamente en el lugar destacado entre los países del mundo, que supimos obtener muchas décadas atrás. Arq. Ricardo Bekerman DNI 6.883.904 ex funcionarios de los gobiernos kirchneristas, principalmente, y por distintas acciones judicializadas recientemente que han puesto en tela de juicio el accionar de fiscales y otras personas involucradas en algunas de esas causas.
Cabe recordar que, sistemáticamente, desde la actual oposición kirchnerista, con la ex presidenta Cristina Fernández a la cabeza, se denuncia una persecución política por parte del actual gobierno que, según los argumentos vertidos desde dicho sector, se materializa a través de una buena parte de la Justicia Federal. En sentido contrario, desde el Gobierno sospechan que muchas acciones que rozan o involucran a dirigentes y hasta periodistas no identificados con el kirchnerismo son víctimas de acciones finamente montadas desde ese núcleo partidario. El caso D’Alessio es un ejemplo.
Las advertencias y recomendaciones que enfáticamente realizó el juez Rosenkranz coinciden, también, con los primeros tiempos de un año electoral en el que habrá renovación presidencial y en el que a la Corte le corresponderá definir situaciones de indudable repercusión política, entre las que se encuentran asuntos vinculados con los jubilados y pensionados. Siempre es bueno recordar que resulta casi inevitable que una sentencia que llega a la instancia máxima de la Corte no tenga una lectura política.
Los argentinos necesitan de una vez por todas (lo hemos señalado insistentemente desde esta columna) que los ámbitos judiciales queden despojados de la más mínima sospecha de injerencia política o de intereses sectoriales. Todo lo que se haga desde el Estado en ese sentido constituirá un aporte de valor incalculable para la vida republicana.
Es la Justicia el poder del Estado que debe prescindir plenamente de todo tipo de influencias, más allá de que constitucionalmente corresponde que sea el poder político el que nomine a sus integrantes, pero siempre en base a un orden de méritos sustentado en los antecedentes jurídicos de la persona que aspira a ocupar un cargo tribunalicio. No en vano Rosenkrantz dejó una fuerte frase que sintetiza dicho pensamiento: “Los representantes de la voluntad popular son legítimos cuando son elegidos del modo indicado por la Constitución y las leyes. La legitimidad de los jueces, en cambio, no se agota en el modo de su elección (por nominación del Ejecutivo en base a antecedentes y méritos), sino que depende crucialmente del modo en que deciden y, más importante que ello, de las razones que invocan en apoyo de su decisión”
