La Iglesia abrió sus archivos sobre la dictadura

Por expreso pedido del Papa, los obispos argentinos ponen a disposición -sólo de las víctimas y sus familiares- 3.000 documentos eclesiásticos desde 1976 a 1983.

La Iglesia abrió sus archivos  sobre la dictadura

Miembros de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) defendieron ayer la actuación de la Iglesia durante la última dictadura militar y aseguraron que la apertura de archivos eclesiásticos de ese período servirá para la búsqueda de la verdad, la justicia y la reconciliación de los argentinos.

Tres obispos de la mesa ejecutiva de la CEA dieron detalles de cómo será el procedimiento para que víctimas y familiares de desaparecidos tengan acceso a más de 3.000 documentos eclesiásticos del período 1976-1983, en su mayoría cartas, que fueron ordenados y digitalizados por decisión del papa Francisco.

El vicepresidente primero de la CEA, cardenal Mario Poli, afirmó que la Iglesia “no tiene miedo” a la apertura de los archivos relacionados con la última dictadura militar y sostuvo que la decisión de ponerlos a disposición de las víctimas y los familiares de desaparecidos representa “un servicio a la Patria, para la reconciliación de los argentinos”.

“No tenemos miedo a los archivos. No hay que tener miedo a los archivos; la verdad siempre ilumina, aunque duela”, subrayó citando palabras del historiador eclesiástico, el sacerdote Cayetano Bruno.

Al ser consultado sobre si no era mucho haber esperado cuatro décadas para abrir los archivos eclesiásticos sobre ese período, el cardenal Poli respondió: “No sé si pesa eso de 40 años después; lo importante es que lo hacemos”, y recordó que el trabajo de ordenamiento de la documentación empezó en 2005 y se profundizó en 2012, por impulso de Jorge Bergoglio y los requerimientos judiciales.

En tanto, el presidente de la CEA, monseñor José María Arancedo, rechazó que se acuse a la Iglesia de “complicidad” con la dictadura militar, aunque reconoció que “la Iglesia no hizo todo lo que pudo y, eso es cierto, y pedimos perdón”.

“Complicidad es una palabra fuerte y creo que de los documentos va a surgir otra palabra. Me atrevo a decir que, una vez que se pueda tomar contacto con todo el camino, la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras”, aseveró.

“Sombras siempre puede haber, seríamos mentirosos y no hay una actitud corporativa, de defensa. El límite de toda defensa de cuerpo es la verdad. Por eso si un hermano mío, obispo, ha tenido una actitud que aparece, lo lamentaré”, agregó.

Monseñor Arancedo insistió en destacar que “la Iglesia permaneció en ese momento difícil. No se fue, se quedó aquí, y quedándose aquí tuvo muchas heridas, muchas muertes dentro de la propia Iglesia, y mucha gente a la que se ayudó a salir del país. Es una historia que está por hacerse”.

Asimismo, especificó que se digitalizaron y ordenaron unos 3.000 documentos, “en su mayoría cartas, algunas con las respuestas a la persona que pide” por sus familiares, e indicó que hay “un poco más” en la Secretaría de Estado del Vaticano.

Por su parte, el secretario general de la CEA, monseñor Carlos Malfa, explicó que “el acceso será por expresa solicitud de las víctimas y los familiares de las víctimas”, e indicó que se hizo esa opción, y no una apertura más amplia al acceso de los archivos, porque “se trata de material sensible”.

“Lo que hemos privilegiado es la relación entre la documentación que se dispone, el material de archivo, con las víctimas, con un sentido de reparación. Esto tiene un alto sentido de reparación, para la búsqueda de su verdad y de su historia, además de la historia nacional”, puntualizó a su turno el obispo argentino.

Una promesa  de Francisco a los organismos

En respuesta a una promesa realizada a los organismos de derechos humanos, el papa Francisco aceleró los estrictos tiempos del Vaticano y ordenó agilizar los procesos para ordenar, digitalizar y próximamente poner a disposición de las víctimas y familiares los archivos secretos sobre la dictadura cívico-militar argentina.

“Cuenten conmigo. Estoy a su disposición”, dijo un recién asumido papa Francisco a la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en abril de 2013 en el marco de una audiencia pública en la plaza San Pedro, ante el primer pedido que recibió el Pontífice de parte de los organismos de derechos humanos.

Según las rígidas normas de la Santa Sede, los documentos que forman parte del archivo secreto del Vaticano -algo así como un búnker de 1.200 años de historia- sólo pueden ser desclasificados luego de 70 años de ocurridos los hechos a investigar, y en algunos casos hasta 100 años.

El único antecedente de desclasificación de información del Vaticano que se registra es cuando el papa alemán Benedicto XVI ordenó, en 2004, que se hiciera pública la documentación existente en el Archivo Secreto, relativa al pontificado de Pío XI, que transcurrió entre 1939 y 1958, acusado por su “silencio” ante el Holocausto.

En un intento por defender su pontificado, el Vaticano autorizó en ese momento la apertura de archivos relativos a 2.100.000 prisioneros alemanes y de los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial, así como sobre las víctimas de las persecuciones políticas, religiosas y raciales de esa misma época.

Fueron dos volúmenes de 1.511 páginas que fueron publicados en ocho DVD en los que se reproducen las fichas de más de dos millones de nombres por los que se pidió ayuda a la Santa Sede.

Otro antecedente vinculado a la Argentina ocurrió en 2014, cuando el Vaticano aportó documentos relacionados con el asesinato del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, en 1976, que estuvieron custodiados por casi 40 años en los archivos y fueron sacados a la luz a instancias de Francisco.

Esa documentación se convirtió en una prueba clave que derivó en la condena a prisión perpetua a los militares Luciano Menéndez y Luis Estrella.

En tanto, para el delicado y minucioso trabajo de ordenamiento y digitalización en la Santa Sede sobre la dictadura argentina, el papa Francisco se valió de una persona de confianza que comenzó a trabajar con la documentación del Episcopado argentino en 2012 y que, en los últimos meses, se mudó a Roma para continuar la labor con los archivos vaticanos.

Se trata de la archivista y especialista en historia de la Iglesia, María Guadalupe Morad, recién llegada de Roma, quien participó hoy -con bajo perfil- de la conferencia de prensa.

Morad trabajó los últimos meses ante “material sensible, con heridas abiertas”, como ella misma define a las cartas, pedidos de ayuda, hábeas corpus presentados ante la Justicia y reiterados ante la Iglesia, entre las que se cuentan cientos de historias personales que atravesaron la noche más oscura de la Argentina.

Télam

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