Ya se ha convertido en una tradición de la democracia argentina reconquistada en 1983 que la vara con que los sindicatos miden para decidir la realización de paros generales, no es la misma según el gobierno de que se trate.
Es evidente que con todo gobierno de signo peronista, sea éste ultraliberal como el de Menem o tendiente al estatismo como los de los Kirchner, la CGT y sus aliados son condescendientes en grado sumo y, salvo en situaciones excepcionales, no proceden a combatirlos con huelgas de tipo general.
Mientras que con todo gobierno que no sea peronista, la intolerancia se multiplica por mil, por lo cual los sindicatos demuestran que su adscripción política e ideológica es más importante que las reivindicaciones concretas, en el momento de tomar la decisión de efectivizar las protestas.
A Raúl Alfonsín, en menos de 6 años de gobierno, le hicieron 13 paros, récord aún no superado por ninguno de sus sucesores. A Carlos Menem, que tuvo una política de privatizaciones que cerró innumerables fuentes de trabajo, apenas le hicieron 8 paros en más de 10 años. La misma cantidad que a Fernando de la Rúa, aunque él apenas duró 2 años. A Eduardo Duhalde, en momentos de una de las mayores crisis nacionales de toda la historia, apenas se le hicieron 2 paros. Y a Néstor Kirchner, en 4 años sólo 1 huelga general. Cristina Kirchner, que estuvo 8 años recibió 5 paros. Y Mauricio Macri, que lleva poco más de 2 años, ya casi la iguala con 4 paros.
Es evidente la desproporción a favor de unos y en contra de otros de acuerdo a su posición política. Lo cual no deja de ser una paradoja, ya que la mayoría de los gremios son peronistas, gobierno que en sus dos primeros mandatos (Juan Perón entre 1946 y 1955) y pese a haber producido una nueva Constitución (1949) de clara defensa de los derechos sociales de los trabajadores, no sólo no incluyó el derecho de huelga sino que en ciertos casos lo consideró delito, como en los servicios de interés público. Mientras que recién en 1957, con un gobierno de facto, se hizo una reforma constitucional que en su art. 14 bis autorizaba el derecho de huelga, el cual fue debidamente mejorado durante la reforma constitucional de 1994.
Sin embargo, más allá de a quién se le hacen más huelgas y a quiénes menos, está visto que las mismas son importantes para defender los derechos de los trabajadores cuando sus objetivos son reivindicativos, vale decir, cuando devienen modos de lucha para conseguir más derechos, mejores sueldos, condiciones dignas de trabajo, etc. Sin embargo, cuando son generales, casi inevitablemente se transforman en políticas, en modos a través de los cuales los sindicatos se enfrentan contra los gobiernos de turno. Piden tantas cosas y tan imposibles de concretar, que al final no logran nada.
Lo cierto es que cuando ese es el objetivo, no sólo no se obtiene nada con la huelga o el paro, sino que en muchos casos el gobierno se empecina más en sus políticas para no parecer debilitado frente a las exigencias corporativas de cambiarlas. En otras palabras, el día después de la protesta todo queda igual a como estaba antes, o incluso peor.
En esta oportunidad fue uno de los mismos dirigentes del triunvirato cegetista, Juan Carlos Schmidt, quien admitió que con este tipo de huelgas no se consigue nada, aunque insistió en que aún así hay que hacerlas.
Con esta cuarta huelga general, que sin lugar a dudas no será la última, queda claro que el sindicalismo argentino, en sus vertientes tanto peronistas como de izquierda, lo que quiere es constituirse en un actor principal de la oposición política a las políticas del presidente Macri. De allí que casi siempre alguien diga un exabrupto insinuando que se busca que este gobierno se vaya lo antes posible.
Lamentablemente, con estas actitudes se pierde la esencia del derecho a la huelga que, en una democracia republicana, consiste en protestar para negociar derechos, en luchar para que la concertación de políticas sea más justa y beneficie en particular a los que menos poseen.
Algo que no tiene nada que ver con querer bajar gobiernos de signo opuesto al de los jerarcas sindicales.
