La herencia económica y el sector agropecuario

La herencia económica que recibirá el próximo gobierno es abrumadora debido a doce años de políticas ideologizadas y en gran medida ineficientes. El más afectado, el más agredido, elegido como principal enemigo del gobierno, ha sido el sector agropecuario

La herencia económica y el sector agropecuario

Hablamos de la agricultura y la ganadería de la región pampeana, pero también de las variadas economías regionales de la costa andina, desde Jujuy a la Patagonia. Los datos que reflejan esa realidad se acumulan y tornan irrefutable el diagnóstico de la gravedad de la herencia.

Este año las exportaciones caerán 20% respecto al año pasado,  cuando ya se había registrado una caída importante . La producción de granos se encuentra estancada pero el trigo y maíz, en retroceso. El stock ganadero perdió casi 10 millones de cabezas en la década. La vitivinicultura vive una situación dramática.

Cabe señalar que los problemas no han sido consecuencia de desastres naturales, aunque las inundaciones recientes son severas, pero ellas se agregan a los daños producidos por las políticas aplicadas al sector agropecuario y agroindustrial. Paradójicamente han sido esas actividades la que han permitido al kirchnerismo contar con cuantiosos recursos aplicados al dispendio, a los caprichos políticos.

En este sentido los datos son más que elocuentes, un análisis del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina muestra que, desde 2002, el Gobierno recaudó US 88.000 millones por las retenciones a las exportaciones, cifra superior al mejor año de exportaciones de la década. Nada de eso se invirtió por caso para mejorar el sistema de transporte ferroviario, para bajar los costos de transporte, hoy uno de los graves problemas que enfrentan todas las economías que exportan y están lejos de los puertos.

Otros datos muestran hasta qué extremos ha llegado la carga fiscal regulatoria sobre la producción agraria. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) estima que el Estado se queda con el 94% de la renta del sector agrícola. FADA define la renta como el valor de la producción menos los costos de producción, comercialización y transporte. En otras palabras el productor trabaja para el Estado.

En el caso de la producción de trigo, las regulaciones y las distorsiones que introducen en el proceso de comercialización, llevan a que el productor reciba sólo el 58% del precio internacional. La vitivinicultura con exceso de stocks no puede exportar por el atraso cambiario, agravado por las devaluaciones en países compradores.

En el Alto Valle de Rio Negro y Neuquén  en los frigoríficos hay 200.000 toneladas de frutas sin vender, que si no encuentran comprador en los próximos  meses deberán ir a parar a la basura. Además quedaron millones de kilos de manzanas y peras sin cosechar.

A su vez es el sector agropecuario y agroindustrial el mayor activo que tiene la economía argentina. Se trata del sector más moderno, con mayor incorporación de conocimiento en todas las etapas, especialmente en la producción agrícola de granos donde nuestro país, junto con EEUU, se encuentra a la cabeza en el mundo. Un ejemplo, otra vez, en el enorme cambio desarrollado por la vitivinicultura.

En consecuencia el próximo gobierno tiene a mano un conjunto de actividades económicas, localizadas a lo largo y ancho del país, que con medidas de política adecuadas puede transformase rápidamente en el motor de la recuperación económica. Hay algunas que son obvias como eliminar las retenciones al trigo y maíz y liberar su comercialización interna y externa.

Reducir las retenciones a la soja, eliminar las retenciones a las exportaciones de productos regionales y además establecer de inmediato un tipo de cambio diferencial, mientras se levante el cepo y se unifica el mercado. Hay que modificar el proceso de comercialización de carnes, como hizo Uruguay, liberando los cortes que se exportan, que permitirán abaratar los de mayor consumo interno.

Por cierto una vigorosa política antiinflacionaria y reducción del gasto público y la presión fiscal debe enmarcar tales medidas.

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