En un dictamen de gran importancia para nuestra región, recientemente la Corte de Justicia Internacional de la ONU determinó por amplia mayoría que Chile no se encuentra obligado a negociar con Bolivia su soberanía en una porción de territorio sobre el Océano Pacífico.
De esta manera el tribunal de La Haya se expidió sobre una demanda que había presentado en 2013 el gobierno de Evo Morales.
En esa oportunidad, las autoridades bolivianas reclamaron con la intención de que la Justicia internacional obligara al gobierno con sede en Santiago de Chile a sentarse en una mesa de negociación para discutir sobre la reclamada salida al mar a través de territorio chileno perdido por el demandante en la Guerra del Pacífico, que se extendió entre 1879 y 1883, en la que Chile salió airoso ante la coalición militar que conformaron entonces Bolivia y Perú.
El fallo de la Corte de La Haya es prácticamente decisivo en el diferendo, puesto que no es apelable en el futuro y es vinculante para las partes.
Sólo la buena voluntad de las autoridades chilenas podrá en el futuro habilitar algún marco de negociación entre los dos países.
Está claro que desde el punto de vista político se puede esperar un nuevo intento de Bolivia para mantener vivo el tradicional reclamo, pero sólo la predisposición de Chile podría habilitar dicha instancia.
Los jueces firmantes del lapidario dictamen, justamente, pidieron a ambos países que negocien de buena voluntad en caso de ser viable un acercamiento en el plano diplomático, algo que a priori aparece como muy remoto si se tiene en cuenta la euforia con que se recibió en el país trasandino la decisión emitida.
Analistas consideran que el fallo tendrá fuertes repercusiones políticas en los dos países involucrados.
El afectado, lógicamente, puede ser el presidente boliviano, Evo Morales, cuyo gobierno había efectuado cálculos muy optimistas con respecto al dictamen de la Justicia internacional.
Ese error de apreciación, sostienen, podría hacer decaer la imagen presidencial a pesar de la rapidez de reacción de Morales para dejar aclarado que su país intentará continuar negociando por la vía política, basándose en el pedido de diálogo que hicieron los jueces luego de dar el fallo.
En cambio, para el presidente chileno Sebastián Piñera la noticia se transformó en un éxito político impensado, ya que todos los sectores de la sociedad chilena en mayor o menor medida se sintieron comprometidos con lo que pudiera surgir del diferendo y porque en general existía un lejano temor de que el veredicto terminase favoreciendo el punto de vista boliviano.
En líneas generales, se puede considerar que lo resuelto en La Haya resulta lógico en virtud de los años transcurridos desde el conflicto bélico que modificó los límites reclamados por Bolivia.
En ese contexto, obligar a Chile a discutir con su vecino podría haber indispuesto más las relaciones bilaterales, con la posibilidad de llevar a una tirantez no deseable.
Los antecedentes obrantes permiten advertir que en ese marco de diálogo por afuera de lo judicial que propusieron los jueces de La Haya sería conducente encarar una negociación que se basara en otras propuestas vigentes que, sin poner en juego la soberanía en la zona, habilite una salida al mar a Bolivia que le brinde beneficios desde el punto de vista comercial.
El conflicto entre Bolivia y Chile (que también incluyó a Perú) se dio en un tiempo pasado donde el reforzamiento de las naciones estaba por encima de todo, pero en la actualidad las cosas han cambiado mucho y hoy, sin necesariamente afectar las soberanías nacionales, es imprescindible darle prioridad a las integraciones continentales.
Si nuestra América Latina quiere defender sus intereses, deberá adaptarse a un mundo donde la globalización está obligando a que los países de cada región piensen en conjunto para no ser avasallados por los grandes gestores de la misma. Hoy, más que nacionalismos sin más, se requieren naciones con visión continental, con visión de patria grande.
