Por Mario Fiore - mfiore@losandes.com.ar
La muerte del fiscal Alberto Nisman ofrece a los argentinos un espectáculo inesperado y escalofriante. Tuvo que ser hallado sin vida el hombre que llevó adelante la causa AMIA durante diez años y que acusó al Gobierno de querer exculpar a los acusados iraníes, para que comenzara a salir a la luz el oscuro entramado de relaciones entre el poder político, la Justicia y los servicios de inteligencia gubernamentales.
Acorralada por una crisis política de alcances inusitados, la presidenta Cristina Fernández intenta, por estas horas, romper la alianza que su gobierno mantuvo durante doce años con los sectores más recalcitrantes de los organismos de inteligencia, los cuales proveyeron, primero a Néstor Kirchner y luego a la actual mandataria, de escuchas a opositores, se infiltraron en organizaciones sociales de izquierda, plantaron pruebas truchas en expedientes judiciales y presionaron a jueces y fiscales para apurar o sepultar causas. Otro divorcio escandaloso del kirchnerismo con uno de sus socios impacta de lleno en toda la sociedad.
En su discurso por cadena nacional del lunes pasado, Cristina Fernández reconoció que su decisión de descabezar a la Secretaría de Inteligencia, medida que efectivizó en diciembre último, no tuvo que ver con la necesidad de "dotar de transparencia" a esas oscuras estructuras de las que tanto provecho sacó su gobierno, sino que tuvo como objetivo frenar las decenas de denuncias en su contra y de sus colaboradores que empezaron a avanzar en los tribunales federales. Dejándose llevar por las palabras, la Presidenta sinceró que la inteligencia no estuvo todo este tiempo para servir los intereses de la Nación, como rezan los fundamentos de la reforma de ley de Inteligencia que llegará en estos días al Congreso, sino para interferir en la acción de una Justicia opaca a fin de acomodar sus fallos a los intereses exclusivos del gobierno de turno.
Todo esto tiene que ver con la causa AMIA. En su alocución, Cristina Fernández dio a entender que el sector de la ex SIDE que trabajó junto a Nisman en la pista iraní -y que aportó las pruebas para acusar a ocho ciudadanos de ese país como autores intelectuales del atentado terrorista de 1994- comenzó a rebelarse contra el poder político por el giro que dio el Gobierno nacional al acercarse a Irán y firmar el Memorando de Entendimiento, en enero de 2013. Los espías pasaron entonces a "operar" en jueces, fiscales y "medios de comunicación amplificadores" -denunció la Presidenta- para instalar la certeza en la opinión pública de que ella encabeza una administración corrupta.
Es importante recordar algo: cuando se produce este "quiebre" con los servicios que dependen del Ejecutivo, ella optó por depositar su confianza en el experto en inteligencia del Ejército, el teniente general César Milani, a quien le triplicó el presupuesto para que le proveyera la información confiable que sus antiguos servidores ya no le aportaban. Recién en diciembre del año pasado, cuando la situación judicial de muchos miembros del Gobierno se fue complicando, ella decidió echar a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia, entre ellos a Antonio "Jaime" Stiusso, la nueva bestia negra del kirchnerismo, a quien Néstor Kirchner puso a trabajar codo a codo con Nisman en 2004. Comenzó allí esta suerte de "guerra sucia" entre facciones mafiosas que hoy debilita a las instituciones argentinas.
En su primer mensaje formal a la sociedad tras el fallecimiento del fiscal Nisman en situaciones confusas que hoy la Justicia intenta dilucidar, la Presidenta no dudó en colegir por cadena nacional que la denuncia que Nisman hizo en su contra y su posterior muerte tuvieron que ver con este vuelco en la política internacional que dio su gobierno y con la resistencia que el mismo generó en el sector de la Inteligencia estatal alineado a poderosos intereses internacionales (no los mencionó, pero sus funcionarios acusan a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, y de Israel, el Mossad).
Éste fue uno de los argumentos centrales que sostuvo la jefa de Estado para direccionar la mirada de la opinión pública a la nueva guerra santa que está iniciando el kirchnerismo a fin de transitar la Argentina post-Nisman.
La intención es que el debate público tenga como único escenario el Congreso -donde el oficialismo mantiene el control de las dos cámaras- y se ciña exclusivamente a la nueva Ley de Inteligencia.
Quien espere un mea culpa del Gobierno (que la Presidenta explique por qué recién cuando el fiscal más importante de la República apareció sin vida, se decidió a dar tamaño debate), probablemente se quedará sin obtener respuestas. El kirchnerismo es experto en fugar hacia adelante.
Hoy, la discusión de una nueva Ley de Inteligencia encuentra a la Argentina sumida en un escenario dramático. Para todas las fuerzas políticas será ésta la oportunidad de construir una política de largo plazo que permita al país deshacerse, de la forma menos traumática posible, de esa mano de obra mafiosa que estuvo durante décadas amparada por el Estado, espiando (al servicio del poder de turno) a opositores, militantes sociales, empresarios y jueces.
Lamentablemente, el debate parlamentario que se avecina no viene precedido de buenos augurios. La oposición está convencida de que el kirchnerismo no está interesado en dar una discusión profunda y que sólo busca aprovechar la crisis en la que está inmerso para copar las estructuras de la nueva Agencia Federal de Inteligencia con militantes oficialistas. Probablemente, el texto del proyecto, que al momento de escribir esta columna no ha sido difundido, no explicite qué agentes de la actual Secretaría de Inteligencia pasarán a la AFI y cuántos serán purgados. Tampoco si la nueva cúpula -que deberá tener acuerdo del Senado- tomará personal profesionalizado o echará mano de la militancia K. Además, la oposición ya se manifestó en contra de una decisión que anunció la Presidenta: que el sistema de escuchas telefónicas -conocido con el nombre de "Ojota"- pase a la órbita de la Procuración General, cuya titular es Alejandra Gils Carbó, una funcionaria que no ha dudado en obedecer cada una de las órdenes del Ejecutivo.
La profundidad de la reforma de los servicios de inteligencia que está en marcha dependerá también de que el oficialismo escuche históricos reclamos de la oposición, en especial de la centro-izquierda y de organismos de Derechos Humanos. Todas las fuerzas políticas aceptan que el tema es central, pero la oposición no quiere que el kirchnerismo lo liquide de un día para el otro, urgido por mostrar respuestas ante una crisis política que el propio gobierno engendró. De ahí que figuras emblemáticas como Adolfo Pérez Esquivel hayan salido a pronunciarse para que la democratización de las estructuras de inteligencia alcance también a las de las policías y de las Fuerzas Armadas. Si el trabajo sucio que antes el actual gobierno delegaba a la ex SIDE lo seguirán haciendo, sin que la reforma los alcance, los agentes de Milani, nada habrá cambiado realmente.
Por último, es oportuno plantear algunas dudas a modo de reserva. ¿Es éste el momento político de llevar adelante una purga de las estructuras de inteligencia cuando importantes agentes aparecen -al menos en el discurso oficial- vinculados con la muerte del fiscal Nisman? ¿No corremos el riesgo de que se terminen perdiendo pruebas o silenciando testigos clave? El Gobierno y las fuerzas políticas opositoras ¿no deberían ser más cautelosos, para no interferir en el accionar de una Justicia que por estas horas intenta descubrir qué le sucedió a Nisman?
