El 9 de junio, hace casi dos meses, en esta misma columna nos preguntábamos si el enfrentamiento del gobernador Francisco "Paco" Pérez con YPF significaba la primera rebelión del mandatario provincial ante la Casa Rosada.
Los datos de la realidad que alimentaban esa pregunta eran claros: YPF había decidido no presentarse a la licitación de las nuevas áreas a la que había llamado la Provincia, objetando el modelo de negocio planteado por Emesa, y luego -como réplica- la administración de Pérez había resuelto revertirle a la empresa renacionalizada la mitad de un área clave, Chachahuén, por falta de inversión.
Ese fue el escenario de conflictividad con el que Pérez llegó aquel mismo 9 de junio a Olivos a la reunión convocada por la presidenta Cristina Kirchner para iniciar la negociación -junto al resto de los gobernadores- de una nueva ley de Hidrocarburos que permita atraer grandes inversiones sobre todo para la explotación de combustibles no convencionales (shale).
Este repaso cronológico viene al caso para marcar que la tensión de Mendoza con YPF, o de Pérez con Galuccio, fue parte de la génesis de la discusión de la ley que la Casa Rosada espera mandar al Congreso.
Mendoza, junto a Neuquén y Chubut, sostiene que el proyecto en cuestión estrangula la participación de los Estados sub-nacionales, dueños constitucionalmente de los recursos naturales, en la renta que deja la actividad.
Estos distritos plantean además que la Nación traslada el costo fiscal de promover las inversiones a las Provincias, ya que son éstas las que deberán sacrificar, en los planes de Galuccio y en forma inmediata, una parte de la recaudación porque se reducirá la alícuota de Ingresos Brutos, se pondrá un techo del 12% para el cobro de regalías, se eliminará el cobro de cánones extraordinarios y del impuesto a los Sellos, y se anulará el "acarreo", el sistema que le permite a las empresas provinciales de Energía participar de la etapa exploratoria sin invertir dinero y cobrar luego dividendos cuando se pasa a la explotación.
Esta primera rebelión de Pérez ante el gobierno nacional ya tuvo consecuencias. Implacable, Cristina Kirchner dio la orden la semana pasada de excluir a Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro de la prórroga del refinanciamiento de las deudas que el jueves firmó el Gobierno nacional con el resto de las provincias argentinas.
La noticia, esperada por algunos de los mandatarios castigados, como el neuquino Jorge Sapag, noqueó sin embargo a Pérez, que jamás creyó posible que la sangre pudiera llegar al río. El mendocino se "desayunó" el miércoles en la Casa Rosada de la exclusión "momentánea" de Mendoza del Programa Federal de Desendeudamiento y decidió permanecer varias horas golpeando puertas en Balcarce 50 para que le dieran explicaciones.
Pero nadie en el gobierno de Cristina Kirchner quiso tocar el tema con Pérez y éste conoció, por primera vez desde que llegó a la Gobernación, el trato amargo del que es capaz el kirchnerismo.
La decisión de escarmentar a los mandatarios que rechazan la iniciativa de YPF fue un mensaje claro del poder de fuego que tiene la Casa Rosada para poner en aprietos a las provincias que, como Mendoza, hoy dependen de la ayuda nacional para llegar a fin de mes porque gastan más de lo que recaudan pero, por sobre todas las cosas, porque fueron delegando con el correr de los años facultades y recursos a la Nación, lo que permitió la conformación del actual sistema híper centralizado del poder del cual los gobernadores son rehenes y cómplices.
Mendoza le adeuda al Ejecutivo nacional unos 2.500 millones de pesos, de los cuales 160 millones deberían ser pagados este semestre si finalmente la Provincia es excluida del Programa de Desendeudamiento.
La cifra complica a la administración de Pérez, pero es equiparable a un pequeño callo en el pie si se compara con los problemas adicionales que podría tener Mendoza si la Casa Rosada decide ajustar la correa que la Provincia tiene en el cuello.
Es nada menos que Axel Kicillof, el principal aliado de Galuccio en la puja petrolera, quien autoriza a las provincias la posibilidad de que emitan bonos (Mendoza pretende salir al mercado con al menos la mitad de los 800 millones de pesos autorizados hace dos semanas por la Legislatura, una vez que se despeje la incertidumbre del default "selectivo" y "momentáneo" que generó el conflicto con los buitres).
Si fuera cierto que la Provincia podría entrar en una parálisis si no consigue financiamiento externo, como dijo el Gobernador cuando hace un mes el enfrentamiento por el endeudamiento con la UCR llegó a su pico máximo, entonces es dable pensar que éste será el escenario que deberá recorrer Mendoza en los próximos meses si no se llega a un entendimiento con el Gobierno nacional.
El problema para Pérez es cómo aceptar ahora el proyecto de Galuccio y compañía, cuando el diálogo con la Nación ya no es un diálogo sino una clara extorsión.
Si lo hace, para salvar las finanzas de una provincia Nación-dependiente, podría estar igualmente complicando el futuro de Mendoza al permitir un cambio de las reglas en el reparto de la renta petrolera en el cual las provincias perderán facultades y resignarán -en lo inmediato- recaudación y recursos estratégicos.
El problema para Pérez es también político. Si bien algunos de sus asesores creen que este enfrentamiento con la Nación le significará un alza significativa en la opinión del electorado, como la que está experimentando la presidenta Cristina Kirchner tras su férrea puja con los fondos buitre, esto podría ser pan para hoy y hambre para mañana sencillamente porque la Provincia no está hoy en condiciones de proclamar su soberanía política ya que depende más de lo imaginado de la Nación. Todo el PJ mendocino le ha hecho saber esto al Gobernador, alarmado.
En este escenario de debilidad, Pérez decidió tejer puentes con la Casa Rosada y Galuccio para llegar a un acuerdo por la ley petrolera que no deje tan mal paradas a las provincias y que les permita liberarse de la amenaza de la asfixia financiera.
A la vez, decidió apresurar cambios en su gabinete para proteger del desgaste de un nuevo conflicto político-financiero a Marcelo Costa, hasta hoy su ministro de Hacienda y desde mañana titular de Agroindustria. Costa, de buena llegada a la Casa Rosada y a sus dos precandidatos a presidente con más chances, Daniel Scioli y Florencio Randazzo, dejará su sillón a Juan Antonio Gantús, su mano derecha en Hacienda, porque es uno de los posibles precandidatos a gobernador del Ejecutivo provincial y Pérez lo quiere "cuidar".
En lo que respecta a las negociaciones con la Nación por la guerra por la renta petrolera, Pérez ha venido escuchando hasta ahora dos campanas muy diferentes y haciendo equilibrio entre ambas.
La primera es la de sus funcionarios del área de Energía, como el ministro Marcos Zandomeni y el titular de Emesa, Alejandro Neme, quienes son partidarios del enfrentamiento con Galuccio y de jugar en bloque con las provincias rebeldes.
Por el otro lado, Omar Félix, el representante de Mendoza en el directorio de YPF y Dante González, diputado y secretario del gremio petrolero, apoyan el proyecto de ley nacional porque entienden que es preferible que lleguen inversiones y que las empresas paguen únicamente el 12% de regalías a que no lleguen capitales y la Provincia cobre más porcentaje pero reciba menos dinero.
La interna entre ambos bandos es fenomenal y Pérez ya debió pagar costos políticos ante la Casa Rosada, que no confía en su posición "intermedia" que éste ha proclamado.
En el mundo blanco o negro que pinta el kirchnerismo, a Pérez se lo dejó de considerar un aliado simplemente porque la crítica es entendida como una traición y el acompañamiento no puede ser otra cosa que la subordinación.
Por Mario Fiore - mfiore@cimeco.com - Corresponsalía Buenos Aires
