La relación respetuosa entre los integrantes de los poderes del Estado es una premisa para el normal funcionamiento del sistema democrático. La tirantez, en cambio, conduce a un escenario que desluce la función que la Constitución le otorga a cada uno de ellos.
El deterioro es especialmente notorio cuando se cuestiona la labor de los jueces, encargados de interpretar, entre otras facultades, las políticas o acciones que intercambian el Ejecutivo y el Legislativo.
Y más grave aún es que se pretenda denostar a los magistrados judiciales a partir de concepciones ideológicas.
Precisamente los jueces son los que deben tomar distancia e interpretar lo que generan los otros dos poderes, en los que sí prima, por razones obvias, la discusión política.
Recientemente la vicepresidenta de la Nación, y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, pidió al máximo tribunal, mediante una presentación formal, que le otorgase validez legal a la posibilidad de sesionar en forma virtual o remota, ya que el aislamiento dispuesto por el coronavirus impide que muchos legisladores puedan estar presentes en el Congreso.
La Corte se expidió unánimemente en contra del pedido, luego de que el Procurador General, Ricardo Casal, en su dictamen previo no vinculante, recomendara desestimar la solicitud de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, entre otras razones, por considerar que la misma no tendía a resolver sobre una controversia y, fundamentalmente, por no ser de competencia de los supremos fallar sobre algo que es de atribución del cuerpo legislativo.
Y, como era de esperar, se dejó en manos de los senadores nacionales la resolución del problema planteado.
Pero, al margen de la interpretación del planteo lo que preocupa es la reacción de quienes promovieron el pedido cuando advirtieron que la resolución podìa no responder a sus intereses.
Una serie de comentarios vertidos a través de las redes sociales por parte de la titular del Senado y de Graciana Peñafort, su asesora y funcionaria de alto rango de ese cuerpo legislativo, pusieron de manifiesto otra vez actitudes políticas y advertencias que poco y nada aportan a la pregonada intención del Presidente de la Nación de cerrar la grieta ideológica y social a la que tanto aportó el kirchnerismo durante sus 12 años en el poder.
Entre otras consideraciones, Cristina Kirchner y su cercana dirigente y funcionaria interpretaron que detrás del punto de vista del Procurador, y por añadidura de los jueces de la Corte, se gestó una conspiración para impedir que el Senado sesione, buscando así “proteger a las 12 mil fortunas que debían pagar el impuesto a la riqueza”, según un proyecto surgido del seno cristinista.
Nada lleva a semejante deducción, más allá que corresponde reconocer que se trata de una iniciativa polémica, fundada en la necesidad de aportar en beneficio de quienes quedaron desprotegidos por el parate económico que originó la pandemia.
En ese contexto, Peñafort agregó públicamente que “es la Corte la que debe decidir ahora si los argentinos vamos a escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual”, sostuvo.
Esta afirmación, con tono de amenaza, valió para que un grupo de legisladores nacionales de la oposición denunciaran recientemente a la directora de Asuntos Jurídicos del Senado por incitación a la violencia colectiva.
Hay que tener en cuenta, además, que la señora Vicepresidenta hizo suyas las declaraciones de su asesora haciendo apología de la violencia.
Esta lamentable sucesión de apreciaciones no hacen otra cosa que alarmar a quienes anhelaban el cese de las confrontaciones estériles basadas en visiones radicalizadas de la política. Más aún cuando quienes arremeten, como en este caso, tienen graves cuentas pendientes con la Justicia.
