No estamos hablando de un hecho excepcional que atenta contra la normalidad republicana. En absoluto es así, ya que la imputación a la presidenta de la Nación es la gota que rebalsó el vaso de un horrendo clima institucional que ya hace tiempo venimos viviendo frente a un gobierno que finge mirar hacia otro lado cuando en realidad lo único que busca es tratar de desmantelar este cuadro de situación de la peor manera posible: dividiendo aún más a los argentinos.
De lo que estamos hablando es de una nación con un gobierno democráticamente elegido y que ha adoptado el sistema republicano constitucional en lo formal, pero que en lo real tiene a su presidenta imputada por la justicia, a su vicepresidente procesado, al fiscal que denunció a Cristina Fernández por un hecho gravísimo, muerto con una bala en la cabeza, al hijo de la presidente con gravísimos problemas judiciales relacionados con el lavado de dinero y a una cantidad inmensa y creciente de funcionarios marchando a tribunales vía imputaciones, procesamientos, indagatorias y toda la gama acusatoria habida y por haber, como que toda una red de corrupción acumulada hubiera estallado de pronto, lanzando aristas sobre las instituciones como si se tratara de una granada de altísimo potencial explosivo.
Sin embargo, aún peor que esta andanada de acusaciones jurídicamente sostenibles, es la respuesta política que el gobierno nacional le está ofreciendo a esta evidente complicación institucional: en vez de ponerse por encima de las partes y asumir enteramente las facultades que la Constitución le otorga de Presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner ha decidido constituirse en jefa extrema de una facción, denunciando al resto de los argentinos de golpistas y dividiendo el país entre “nosotros” y “ellos”.
Un gravísimo error de percepción porque cuando las cosas alcanzan tal nivel de desmadre es precisamente la máxima autoridad de la República la única que puede canalizar los conflictos dentro de un marco de resolución favorable.
Si realmente la presidenta cree en su inocencia y en la de los demás miembros de su gobierno frente a la multitud de acusaciones judiciales, lo que debería hacer es exigir que con la mayor transparencia se investigue hasta las últimas consecuencias demandando las mayores garantías de objetividad e imparcialidad.
Algo que sonaba de maduro debió haber hecho apenas enterada de la dudosa muerte del fiscal Nisman, en vez de ponerse a señalar líneas de investigación a la justicia, que a esta altura de los acontecimientos suenan más como intentos de enredar la cancha que como aportes constructivos para tratar de resolver las razones de la tragedia.
En fin, que estamos frente a un gobierno que no parece darse cuenta de la altura de la gravedad de la situación, lo cual le agrega una mayor dosis de incertidumbre a esta hora aciaga donde el requerimiento de fortalecer las alicaidas instituciones de la república es deber patriótico y fundamental.
