Algunos dicen que ha sustituido, en su malignidad intrínseca, a los golpes de Estado que eran materia corriente en nuestro continente hasta hace pocas décadas atrás.
Otros afirman que con ella es imposible construir jamás ninguna democracia sólida. En un caso u otro, que desestabilice los sistemas representativos o que impida constituirlos, la corrupción es la peor enfermedad que hoy vive la política, en general por todas partes, pero particularmente en nuestro continente, donde ha prendido como si se tratara de una infección contagiosa.
Bastó que un gran empresario brasileño aliado y respaldado por el sistema político de aquel país expandiera su influencia por América entera para que casi la totalidad de los dirigentes del continente cayeran bajos los influjos de sus coimas multimillonarias, con las cuales la obra pública multiplicaba falsamente sus costos para beneficio de las élites, tanto las que provienen del país corrompido como del corruptor.
Y ha quedado clarísimo que no hay vacuna ideológica alguna que surta efecto frente a la corrupción, porque tanto los llamados bolivarianos o los calificados como neoliberales, y todas las variantes intermedias, usan y abusan de los favores y privilegios que otorga la deshonestidad en la función pública.
La prisión de uno de los líderes más importantes, si no el más, de América Latina como es Lula da Silva, se engarza dentro de estas conceptualizaciones generales.
Por las más variadas razones y con las más diversas justificaciones, el popular mandatario se apoyó e incluso fortaleció las aristas crecientemente corruptas del sistema político y empresarial brasileño, supuestamente para comprar gobernabilidad, en el mejor de los casos.
Y hoy, al ser juzgado por sus ilegales conductas, intenta zafar con el argumento que desde hace milenios usan todos los que delinquen desde la función pública: que se trata de una persecución, por la cual el detenido se considera un preso político.
Algo que conocemos de sobra en la Argentina donde desde el Amado Boudou de Ciccone hasta las empresarios amigos del poder como Lázaro Báez o Cristóbal López, se autocalifican víctimas del sistema y por ende libres de culpa y cargo a pesar de que las pruebas en su contra sean de una contundencia fenomenal, que sólo son muy levemente atenuadas por la lentitud (y otras cuestiones peores) de la justicia en nuestro país.
Todo lo que genera la corrupción en la función pública es malo, pero lo más grave es que produce un deterioro tan grande del sistema político que se torna casi imposible hacerlo republicano, democrático y representativo aunque conserve tales nombres en tanto fachadas.
Además la corrupción tiende a constituir nuevas elites que adoptan los mismos vicios de las anteriores e inclusive los multiplican. Así estamos viendo a sindicalistas y políticos que provienen de la legítima lucha por los derechos de sus representados que apenas conquistan el poder dejan de lado los principios con los cuales arribaron, y se convierten en todo aquello que hasta ese entonces venían combatiendo. Para inmensa desilusión de las sociedades que pusieron en ellos sus esperanzas de una vida mejor.
Incluso, como en el caso que estamos tratando, el de Lula, que aún mantiene gran estima popular en amplios sectores porque supo en sus inicios hacer buenas cosas por las humildes, con el tiempo esos logros tienden a desaparecer al ampliarse la mancha de la corrupción que tapa todo lo bueno y hace emerger todo lo malo.
Con lo que a la postre el pueblo queda igual o peor que antes de que arribaran sus supuestos salvadores.
Es que, en definitiva, mientras la corrupción se mantenga como el mal principal del sistema político, ningún país podrá avanzar en el sentido de beneficiar los intereses más legítimos de sus poblaciones.
