El que se enoja, pierde; y el que calla, otorga. Como pocas veces en su más de dos años de mandato, Alfredo Cornejo dejó traslucir su furia contra la Justicia, los medios y los periodistas por lo que considera la aplicación de una vara diferente para medir la conducta pública de los políticos (léase él y sus funcionarios) y por otro lado, la de los jueces. Todo esto luego de que la Corte confirmara la licencia por 6 meses -sin goce de haberes- para cumplir en Alemania con una beca post doctoral para uno de los integrantes del máximo tribunal, Omar Palermo.
En algo acierta el mandatario. La Justicia hace culto del secretismo y la discrecionalidad. Al periodismo le resulta complejo conocer sus decisiones o hablar con sus protagonistas; circunstancia que en el caso de los funcionarios del Ejecutivo sería considerado como un gesto de desprecio al sistema republicano y a las buenas prácticas democráticas. Por acción u omisión, parece que lo que se le reclama a unos se les tolera a otros.
Para ejemplicarlo, el gobernador plantea qué sucedería si esa licencia lo beneficiara a él. Y hasta especula con alguna supuesta admiración intelectual de la prensa hacia el magistrado. O lo que es peor, entiende directamente que el periodismo le teme. Pero hay más, con su crítica furiosa, Cornejo también da por innecesario el perfeccionamiento y la capacitación, aún de un supremo. Falso, aunque fuera en “teorías obsoletas”, como también argumenta.
Algo más también olvida Cornejo en su enojo: a él lo elige la gente (y eso lo legitima y empodera), pero a los jueces los entronizan los políticos. Sus mismos pares en esa corporación en la que el mandatario se mueve con soltura y en la que ha construido su evidente fortaleza. De hecho, si hoy se produjera una vacante, acatando mecanismos constitucionales, Cornejo debería impulsar y “poner” un nuevo juez supremo afín a su concepción de la Justicia, como hizo con José Valerio.
Palermo -por su parte- peca de indiferente. Juega callado. No cree que sea necesario embarcarse en una pelea casi personal con el gobernador y eligió en este tiempo ignorar los dardos envenenados que habitualmente se pierden en el eco de la opinión pública sin más respuesta que el silencio.
Pero eso no es todo. Él también se equivoca cuando equipara su accionar, a todas luces especial y privilegiado, al de un empleado público más (aunque las leyes se lo permitan) y opta por gozar de los beneficios que tendría un simple estatal que busca perfeccionarse por superación personal.
En esta circunstancia, su decisión se advierte como una ventaja impropia del cargo y la responsabilidad de la que Cornejo se toma para fustigar.
Por estas horas, la Corte analiza el pedido de informes que sobre el caso hizo la Cámara de Diputados para determinar si obró correctamente al conceder esa licencia extraordinaria. Tras esa respuesta, Palermo podría incluso abandonar su mutismo y, por primera vez, defenderse "ante las mentiras".
Por lo pronto, más allá del pedido legislativo, trascendió que el Ejecutivo hizo analizar la controversia, por separado, a un grupo de juristas. Uno de ellos concluyó que el pedido de licencia “no sólo es inconstitucional, sino también ilegal”. Y con esos argumentos, se podría avanzar (según la respuesta que dé la Corte) con una presentación que hasta ayer en el Gobierno negaban que se estuviera preparando. Sí, desde el Ejecutivo admitieron estar trabajando en un proyecto que regule este tipo de licencias para magistrados, pero aseguran que esto estaba bajo estudio desde antes de conocerse esta situación particular.
Advertido de esta nueva embestida, Palermo reconsideraría su postura para intentar explicar lo que hasta ahora, por la incesante prédica oficialista, se lee desde Casa de Gobierno, como el beneficio (uno más) de la elite judicial. Y desde un sector de la Corte, como una presión sobre sus miembros ante la próxima resolución de dos expedientes que interesan al Gobierno: el ítem Aula y el recurso de casación de la fiscal Chaves a la resolución de la 8va. Cámara del Crimen que liberó a Nélida Rojas y sus familiares en la causa Tupac Amaru.
