No estamos hablando de viejos tiempos sino sólo de dos décadas. El crecimiento exponencial que había tenido la vitivinicultura y los buenos precios logrados por las plantaciones frutícolas estuvieron acompañadas por una explosión positiva en lo que a inversiones se refiere. Terrenos ubicados en la precordillera, que prácticamente no tenían valor porque eran demasiado pedregosos, fueron incorporados por nuestra principal industria en razón de que se trataba del ideal para el crecimiento de variedades nobles, que se sumaban a un clima perfecto para la maduración de las uvas, tanto por la amplitud térmica entre el día y la noche, como por la necesidad de invertir en los denominados “viñedos de altura” ante el calentamiento global.
El Valle de Uco fue testigo del boom de las inversiones tanto nacionales como extranjeras y el hecho modificó la vida -a favor por cierto- de decenas de miles de familias que tuvieron la posibilidad de acceder a nuevas fuentes laborales. Paralelamente, la situación provocó un crecimiento importante en el valor de las tierras, que competían en precios con las de la denominada Primera Zona (Luján y Maipú), mientras el resto de la provincia también resultó favorecido porque fueron creciendo de acuerdo con las posibilidades que brindaban para los diferentes varietales, para nuevas plantaciones de frutales o bien para destinarlas a la horticultura.
Sin embargo, se produjo un momento de quiebre. Fue cuando el Gobierno nacional decidió intervenir en la economía y fijó un cepo cambiario que resultó nefasto para las economías regionales, entre ellas Mendoza, porque los productos locales perdieron competitividad como consecuencia de un dólar desfasado frente a una inflación galopante generada esencialmente por la emisión de moneda para poder cubrir los déficits del Ejecutivo. Cayeron las exportaciones tanto de vinos como de otros productos, y la situación se hizo sentir tanto en los sectores empresarios como en los laborales.
Una de las actividades afectadas resultó, sin dudas, la inmobiliaria. Los profesionales del sector coinciden en señalar que el mercado se encuentra parado y que las ventas han caído 60%, tomando sólo en cuenta lo sucedido en el último año, pero también cabría advertir que el porcentaje se incrementaría superlativamente si esa comparación la realizamos con lo que sucedía en 2010, por ejemplo. También indican que se ha producido una fuerte reducción en los precios, destacando que están por debajo de 50% de lo que consideran un valor “normal”. Cabría hacer mención, además, a que los valores hacen referencia a fincas con cultivos y todos conocemos que tanto una vid como un frutal necesitan entre tres y cuatro años para poder alcanzar lo mejor de su producción.
Otro de los inconvenientes que se plantean se centra en el valor del dólar porque, de acuerdo con lo que señalan los especialistas, las propiedades se cotizan en dólares, pero resulta que quien vende toma como valor el dólar paralelo, mientras quien compra considera que debe hacerse al oficial. A ello debe sumarse el hecho de que las variaciones económicas y la carencia de reglas claras en la economía no permiten establecer en cuánto tiempo una persona podrá recuperar el valor de la inversión. Otro aspecto que preocupa es que todos los actores del sector coinciden en señalar que 2015 será “duro” y que muy poca gente podrá acceder a realizar algún tipo de negocio inmobiliario rural. Es de esperar entonces que el Gobierno nacional deje de lado la tozudez con que se ha manejado en lo que a decisiones económicas se refiere y modifique un aspecto demostrado a todas luces: que se ha transitado por el camino equivocado.
