El fiscal del caso Noos, en el que están imputados la hermana del rey Felipe VI de España y su marido, pidió ayer que se archiven los cargos contra la primera y se condene a 19,5 de cárcel a su esposo.
“No comparto el criterio de la acusación popular y por tanto pido el archivo para ella”, declaró a la prensa el fiscal Pedro Horrach de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares, donde se instruye este caso por presunta corrupción que sacude a la monarquía española.
Horrach retuvo, sin embargo, contra la hermana del rey -implicada desde febrero de 2012-, una responsabilidad civil por haberse beneficiado del dinero presuntamente malversado por su marido, por la cual deberá pagar 587.413 euros, según la fiscalía.
En la acusación popular, la asociación ultraderechista Manos Limpas considera que la infanta Cristina de Borbón, de 49 años, es culpable por su “cooperación” en delitos fiscales en 2007 y 2008 con su marido, el ex medallista olímpico de balonmano Iñaki Urdangarin, y pide contra ella 8 años de prisión y 2,02 millones de euros de multa.
El fiscal ya había pedido en junio un sobreseimiento para la infanta en este caso en el que están imputadas 16 personas.
Desde entonces, varias apelaciones retrasaron el cierre definitivo de una investigación que contribuyó a degradar la imagen del anterior rey, Juan Carlos I, de 76 años, quien abdicó en junio en su peor momento de popularidad tras haber sido considerado durante décadas como artífice de la democracia tras la dictadura franquista (1939-1975).
El juez instructor, José Castro, debe decidir en las próximas semanas a quién sienta en el banquillo de los acusados, y si entre ellos estuviese la infanta sería un hecho sin precedentes en la historia de la monarquía española.
En un intento de limitar el impacto sobre la Casa Real, la infanta Cristina y Urdangarin están excluidos desde finales de 2011 de todo acto oficial y no asistieron siquiera a la proclamación de Felipe VI.
Urdangarin, de 46 años, convertido en hombre de negocios, es sospechoso de haber utilizado su posición en la familia real para obtener, junto a su ex socio Diego Torres, contratos públicos con dos gobiernos regionales a los que habría sobrefacturado más de 6 millones de euros.
Imputado desde diciembre de 2011, se lo acusa de malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias, estafa y blanqueo.
Según el juez de instrucción, la pareja utilizó los fondos malversados en obras de mejora en su residencia de Barcelona, espectáculos de mimo, o cursos de salsa o meregue pagados por Aizoon, su empresa de servicios de asesoría en gestión empresarial, utilizada presuntamente como pantalla.
