Anabel Orozco de Pesce es fiscal de la Segunda Fiscalía Correccional, su nombre está en todos los medios locales y muchos nacional por el papelón luego de que trascendiera que viajó a Brasil con un grupo de amigas habiendo presentado dos certificados por enfermedad. Más allá de este revuelo en particular, la magistrada también fue noticia por razones ajenas a su estricta labor como fiscal en otras ocasiones.
Pelea y cambio de turno
A medidos de 2002, el entonces procurador y hasta la Suprema Corte tuvieron que intervenir para calmar una pelea entre Orozco y una jueza con quien no se podía ni ver.
“El conflicto pasó de ser un mero entredicho a un problema mayor, que interfería el servicio de Justicia. La situación llegó a tal extremo que tuvieron que aplicar un inédito cambio de turnos, para que las rivales en cuestión no se vuelvan a ver las caras”, dice la crónica de aquel entonces en Los Andes.
La contrincante de Orozco en el inesperado pleito era la jueza Amanda Graciela Suárez.
Mal recuerdo de 'otras' vacaciones
La fiscal había marchado de vacaciones junto a su familia en 2007. Durante su descanso, un grupo de ladrones ingresó a su casa en el barrio privado Dalvian y se llevó una cantidad no especificada de dinero y joyas después de romper una caja fuerte que estaba empotrada en la pared de la vivienda.
En aquel momento, las versiones sobre el botín eran disímiles: según las víctimas, sólo fueron joyas y un poco de dinero, mientras que desde la fiscalía llegaron a escuchar que la suma en dinero (pesos argentinos, dólares y euros) era más que sustanciosa.
Fallo en contra
Orozco recibió un revés judicial en 2009 tras presentarse como querellante por calumnias e injurias contra un hombre que la denunció por creer que ella (Orozco) había actuado mal en un caso en su contra.
El caso fue noticia porque el Quinto Juzgado Correccional no hizo lugar la demanda por calumnias e injurias, ya que la jueza Dorotea Ymaz se basó en la conocida "causa Kimel contra el Estado argentino".
Ahora, Orozco deberá comparecer ante investigaciones que la tienen en la mira. Por un lado, administrativa, ya que deberá dar explicaciones ante su jefe, el Procurador Alejandro Gullé, y por el otro, deberá testimoniar por la causa penal que le inició la Unidad Fiscal de Capital por falsedad ideológica.