El caso de Anabel Orozco, más conocida como "fiscal viajera", podría quedar en una sanción administrativa y no en la expulsión. Los miembros de la Corte comunicaron ayer, de una manera "informal", no dar lugar al pedido que le habían hecho los representantes políticos del Jury de Enjuiciamiento, que solicitaban que el proceso oral se inicie en 30 días, tal como lo establece la ley.
En cambio, los magistrados ratificaron que el Jury a Orozco será el 26 de octubre, decisión que genera malestar y alimenta las sospechas de quienes creen que se está incubando una sanción menor.
Es que los que sostienen que el juicio político tiene que ser antes de que finalice setiembre, dicen que la “jugada” de la Corte es proteger a la fiscal acusada y lograr que la sanción sea sólo administrativa.
Es decir, días de suspensión o una compensación económica por los días que estuvo de viaje con licencia médica. En cambio, tanto en el Ejecutivo como los legisladores de la UCR y del PJ, piden la expulsión.
Y las sospechas encuentran motivos. El 18 pasado, Julio Gómez, uno de los miembros de la Corte, que reemplazó provisoriamente en la presidencia a Pedro Llorente, notificó que la fecha "para comenzar el debate" por el proceso de Orozco era el 26 de octubre.
Las explicaciones que trascendieron es que querían dejar la resolución para después de las elecciones legislativas del 22 de octubre y que, de esta manera, el oficialismo no saque rédito político en tiempo de campaña.
Pero los legisladores advirtieron, a través de la nota que ayer fue desestimada, que la ley de Jury (4.970) establece que el presidente debe fijar fecha con un intervalo de 10 a 30 días hábiles, una vez presentadas las pruebas. Es decir, la fecha tope sería a fines de setiembre. La nota fue firmada por los legisladores de la UCR y del PJ.
“¿Dónde está el rédito político? Si los dos partidos están detrás de lo mismo”, cuestionaron la versión de la corte.
Cabe recordar que el Jury de Enjuiciamiento es una instancia de juicio político, conformada por los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia, siete diputados y siete senadores.
El peligro, que algunos intuyen, es que si se supera ese plazo de los 30 días, puede presentarse un pedido de nulidad de las pruebas por considerar que no se cumplió el requisito legal mencionado. Es decir, creen que la Corte le está dando una “herramienta” a la defensa de Orozco, lo que haría peligrar el pedido de expulsión.
"Si lo pasan al 26 de octubre y la defensa pide la nulidad, va a quedar libre de la expulsión y esa responsabilidad es de quien decidió posponerlo", apuntaron a Gómez, a quien consideran como el "vocero" del ala judicial.
En lo formal, el senador Jorge Palermo, miembro del órgano de juicio, explicó que ayer, luego de la reunión de Jury que se realiza los jueves, de una manera informal (no estaba convocado para eso), los miembros de la Corte se expidieron sobre el pedido de los legisladores.
Allí, se encontraron con que el procurador, Alejandro Gullé, motorizador del Jury, había hecho el mismo requerimiento: anticipar la convocatoria.
“Ellos nos dijeron que, según la ley, tenían la autoridad para fijar la fecha, aunque no lo han hecho dentro de los 30 días. Adujeron que no había pruebas terminadas, a lo que nosotros contestamos que si es así, tampoco debiera ser la fecha el 26 de octubre, directamente no tendría que haber fecha. Nosotros sostenemos que la prueba sí está completa”, explicó Palero.
De Brasil al Jury
El caso de Anabel Orozco se conoció en noviembre del año pasado. Las fotos publicadas en su perfil de Facebook la mostraron en Brasil con unas amigas mientras estaba con una licencia médica por una lumbalgia aguda. Esa licencia fue extendida cuando ella aún no regresaba del vecino país y la mujer luego fue a San Luis a jugar un torneo de bridge.
Fue su propio jefe, el procurador Alejandro Gullé, el que la denunció e inició el Jury de Enjuiciamiento, es decir, el juicio político para expulsarla.
Cabe recordar que esta ley fue modificada por el propio gobernador, Alfredo Cornejo, que introdujo sanciones intermedias para los denunciados con la intención de eliminar el “todo o nada” al que se enfrentaban los acusados.
Orozco presentó la renuncia para jubilarse y evitar el Jury, pero Cornejo no se la aceptó y, en diciembre, se aprobó el pedido de Jury, instancia en la que se investiga si hubo mal desempeño de funcionario público. Por otro camino, avanza la causa penal que podría también destituirla.
No obstante, desde que se aceptó el Jury hasta ahora, no hubo avances en el juicio político, y quienes entienden en el tema, aseguran que “el expediente va y viene” por la voluntad de algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia.
