El fallo de la 8va Cámara del Crimen que dejó en libertad a los líderes de la Tupac Amaru mendocina, tiene otra consecuencia inmediata: hay muy pocas posibilidades de que la causa pueda seguir en pie.
Esto es así porque los jueces no sólo desestimaron la figura de “asociación ilícita”, principal imputación que la fiscalía hizo a Nélida Rojas y otros miembros de esa organización sino -y quizás fundamentalmente- por los cuestionamientos que el tribunal hizo a la fiscal Gabriela Chaves.
Entre estos están incluso las otras imputaciones que ella hizo a los integrantes de esa organización, como las estafas, extorsiones y coacciones.
En estas horas, la magistrada y su equipo estudian las posibilidades de elevar a la Suprema Corte un recurso de casación. Para ello, y antes de que se cumplan 10 días hábiles, deberá encontrar elementos útiles en el fallo que firmaron Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel.
Pero la tarea no le será fácil. De hecho, fuentes de la Corte aseguran que la sentencia de los camaristas “es irecurrible”. Y hasta hay quien minimiza las repercusiones del fallo tildándolo de “uno más, como tantos otros”, que generan opiniones a favor y en contra.
En su mayor parte el fallo, de 58 fojas, hace fuertes cuestionamientos a la actuación de Chaves en la causa.
Los jueces se tomaron tres días hábiles para redactarlo, por ser una causa “compleja”. En el escrito rechazaron el planteo de “incompetencia material” del caso que había hecho la defensa.
También rechazaron los pedidos de “nulidad” de lo actuado por la jueza Pietrasanta y de los “avoques” que oportunamente presentó la fiscal, además de la “inconstitucionalidad” que el defensor Alfredo Guevara hizo del artículo 293 (inciso 2) del Código Procesal Penal.
Pero al tratar la “medida de coerción” y el “riesgo procesal”, la Cámara fue dura con Chaves. En ciertas partes, argumentó que la fiscalía tenía sospechas “infundadas” sobre el accionar de la Tupac, ya que “nadie entraba engañado” a la organización, algo que siempre esgrimió la defensa.
“No se requiere de conocimientos jurídicos sino sólo de sentido común para advertir que no hay pruebas para sostener la existencia de una asociación, con un plan (...) para la comisión de delitos en forma indeterminada”, dijo.
También calificó de “arbitraria” a la fiscal, dando a entender que encaminó la causa. Hasta planteó -en coincidencia con la defensa- que de algún modo Chaves persiguió a la Tupac cuando señaló la ausencia de procesos democráticos.
Otra crítica fue sobre las imputaciones de extorsión y estafa a los acusados.
Los jueces también hablaron de “falta de objetividad” de Chaves, por investigar hechos más relacionados con el fraude que con una asociación ilícita. Le cuestionaron que indagara sobre la situación patrimonial de Rojas, su marido Ramón Martínez y otros miembros de la Tupac en la AFIP.
Cabe recordar que para Chaves, el “núcleo” de la asociación ilícita está dado por el uso “arbitrario” que los integrantes de la Tupac hicieron con los fondos enviados por la Nación para viviendas.
Estas acusaciones, y aunque la Cámara rechazó el pedido de sobreseimiento de la defensa para Rojas y su familia, deja mal parada a la fiscal, que se queda de hecho sin elementos para investigar y con la causa abierta.
Es cierto que queda la posibilidad de que la Justicia Federal considere que el presunto fraude pueda pasar al fuero local. Pero ese tema todavía no se resuelve aún.
Habrá que ver qué pasa con la Corte, si acepta el recurso que la fiscal prepara.
Hoy por hoy el caso mantiene cuatro detenidos por otras causas, Federico Torrengo (hijo de Rojas), Lourdes Oviedo (mano derecha), Gabriela Medina y Rosana Asís (delegadas). Se espera que la jueza Pietrasanta fije audiencia de prisión preventiva en los próximos días.
