Con el descubrimiento de una cantidad significativa de aportantes truchos a las campañas electorales del actual oficialismo en la provincia de Buenos Aires, nuevamente se ha puesto en primer plano el complicadísimo problema de la financiación de la actividad política.
En primer lugar, hay que reconocer que salvo contadísimas excepciones -en general sólo existentes en partidos y dirigentes que están lejos de acceder al poder- la mayoría de los que desde la política opositora alzan su voz indignada también han sido denunciados de los mismos financiamientos espurios en innumerables oportunidades.
Más allá de que deben investigarse los casos concretos hasta sus últimas consecuencias, lo cierto es que la cuestión es sistémica y pese a las siempre altisonantes declaraciones, cada vez que se le busca una resolución al problema, la clase política en su mayoría mira para otro lado y deja que la espuma baje para luego proseguir en el mismo rumbo.
La desproporción entre lo que los grandes partidos políticos declaran haber gastado en sus campañas y lo que efectivamente erogaron suelen ser desmesuradas. Las mejores informaciones hablan de que apenas un 10% del dinero que se gasta es el que sale a la luz pública, mientras que el resto permanece en negro. E incluso, hasta el que es declarado proviene en parte de aportantes que son inventados, por lo cual no queda ni un ápice de transparencia en el método de funcionamiento de esta parte del sistema político argentino.
Existe todo un entramado específico al que recurren casi todos los partidos para librar el combate electoral con ventajas económicas sobre sus competidores, recurriendo a recursos no declarados de personas o empresas que están dispuestas a aportar a cambio de futuros presuntos favores, con lo cual con este tipo de financiamiento se comienza a tejer el hilo interminable de la corrupción que nos invade en el terreno público y que ya ha excedido cualquier ideología o sector para convertirse en estructural al sistema político.
Pese a que existen cupos fijados equitativamente a todos los partidos para realizar sus publicidades, lo cierto es que el modo enrevesado de hacer política en la Argentina (aunque no sólo en la Argentina, por supuesto) hace que los compromisos que los candidatos deban asumir sean enormes, con alta cantidad de personas e instituciones que colaboran no solamente por ideales doctrinarios, sino porque esperan ver compensado su esfuerzo en su oportunidad. De allí surgirán después los altos costos de la obra pública o la cantidad inmensa de empleados estatales que ingresan para pagar favores políticos. O sea, todo lo malo está relacionado de un modo muy difícil de separar.
Es evidente que en la medida en que ya prácticamente nadie con posibilidad de acceso a la conducción del Estado puede ser exento de responsabilidad en este tipo de cuestiones, será necesario un gran programa de reformas que no podrá solucionarse solamente con la tan mentada y nunca concretada ley de financiamiento de los partidos políticos.
Se deberá, además, establecer controles inmensamente más firmes y castigos más adecuados. Además de ejercer una gran prédica cultural para que de a poco en las conductas, en las personas y en las instituciones vayan desapareciendo estas prácticas que de hecho ya se han naturalizado como una parte más, relativamente normal, del sistema político que sólo salta cuando se descubre alguna evidencia para luego volver a permanecer en los muros del silencio.
Siempre hemos sostenido que la corrupción en la Argentina en lo que se relaciona con los asuntos públicos, de la administración del Estado, no es ya periférica sino que ha llegado a ser central, y la responsabilidad es tanto de los políticos financiados como de los empresarios que los financian y todos los intermediarios que existen en esta trama impune.
Aprovechar la oportunidad actual para encarar firmemente el tema y darle una respuesta estructural ayudaría mucho a reconstruir un sistema político agotado e ineficiente.
