Un nuevo round en la pelea que mantiene hace tiempo el comercio formal contra La Salada, antes y después de instalarse en Mendoza, podría escribirse la semana que viene. Es que la FEM (Federación Económica de Mendoza), evalúa ir a la Justicia provincial contra la megaferia de Santa Rosa, luego de que Came (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), de la que forma parte a nivel nacional, se presentara como querellante por asociación ilícita y comercio ilegal contra el titular de La Salada, Jorge Castillo.
“Es un tema que integra el orden del día en la reunión de directorio del próximo lunes, cuando además de tratar el alcance de la querella vamos a evaluar cómo seguir en Mendoza”, adelantó Maximiliano Gabrielli, gerente de la FEM, que hasta aquí sólo había sumado acciones administrativas y denuncias ante ATM y AFIP por evasión. De ahí que la estrategia legal de CAME es seguida de cerca para sustentar otra probable causa en la Justicia provincial.
La querella se incorporó a la causa 1827/13 que tiene la Secretaría N° 7 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, a cargo de Ariel Lijo, el mismo de la causa Nisman. Más allá del expediente, las cámaras regionales tienen libre albedrío para actuar paralelamente ante la Justicia local.
Así lo asumen desde Came. Según Laura Garrafa, vocera de la institución “desde ya la causa, que originalmente es contra talleres clandestinos, tiene carácter federal y por lo tanto contempla a todas las cámaras regionales. Pero, como la Federación Económica de Mendoza, también pueden actuar en forma independiente en el fuero provincial”.
El criterio para participar de la causa principal que está en manos del juez Lijo ha sido un pedido de ampliación “tratándose de una célula de la organización asociada a otras como Las Saladitas”, explican desde la Came.
“Representamos a comerciantes que pagan impuestos y compiten en forma desigual frente a este fenómeno. Por eso, todo lo vinculado al robo de marcas y lo ilegal debe combatirse, tanto sea en La Salada como en los persas, y mientras asegure un resultado positivo no importa encarar acciones en la Justicia federal y la provincial”, argumentó Juan Francisco Retali, empresario del rubro indumentaria y gerente de Cecitys (Cámara de Empresas de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Ciudad) a favor de “provincializar” la causa.
Pruebas ante la Justicia
En el expediente que tiene Lijo se indaga sobre la existencia de talleres clandestinos donde, a partir de la explotación laboral en los mismos, se falsifican marcas, evaden impuestos, y se facilita o promueve el ingreso o permanencia de extranjeros en forma ilegal.
Las pruebas de Came son múltiples. Desde declaraciones y publicaciones en distintos medios de comunicación del propio Castillo que aluden sin tapujos a la venta de marcas “truchas”, hasta causas paralelas relacionadas de dueños de talleres clandestinos con participación en La Salada, y testimonios de ex empleados “rescatados”.
Se suman denuncias a la AFIP, y seguimiento de mercadería de dudosa procedencia (como contrabando de zapatillas desde Bolivia), además de videos del drone que sobrevuela los complejos.
“Hemos aportado gran cantidad de documentos probatorios que acreditarían que Jorge Castillo sería el organizador e integraría una asociación ilícita, en la cual hace participar a una gran cantidad de personas que quedan sujetas a su conducción”, señaló el presidente de Came, Osvaldo Cornide. Según la investigación, el predio ferial funcionaría como una organización mafiosa de estilo italiano.
