La demanda de la madre del fiscal Alberto Nisman, Sara Garfunkel (en la foto), contra el Poder Ejecutivo nacional no sólo vino a recordar que el papel institucional del Presidente no es el de inmiscuirse en los tribunales para intervenir en expedientes incómodos, también puso en evidencia que la falta de un esclarecimiento definitivo sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo mantiene en la incertidumbre y el dolor a las víctimas de la injusticia.
Víctimas de carne y hueso -que no meros personajes de novela policial- que son las primeras perjudicadas por la ineficiencia del servicio de Justicia cuya provisión es obligatoria para el Estado.
En sus últimas declaraciones sobre el caso, el Presidente soslayó esa condición. Algo que incluso antes que la sensatez, una elemental sensibilidad humana advierte con claridad.
Alberto Fernández opinó de un nuevo modo en aras de favorecer en el debate público a la vicepresidenta en ejercicio. Consideró primero que la principal perjudicada por la muerte de Nisman fue Cristina Kirchner. Luego avanzó desestimando la validez del peritaje que los jueces ya admitieron para señalar que Nisman fue asesinado. Después -en el plano más severo de los hechos- avaló la intromisión del Ministerio de Seguridad para que una auditoría reñida con la legalidad intervenga a fin de acondicionar el expediente a un nuevo criterio de pretensión jurisprudencial.
La prisa de Alberto Fernández por abjurar de sus opiniones sobre Nisman es sólo proporcional al tamaño de sus antiguas críticas.
En la controversia pública que se abrió tras la muerte del fiscal, Fernández marcó el pico de sus objeciones a Cristina. Habló de cinismo y perversión (https://bit.ly/36osGKf) y desmenuzó el itinerario de impunidad pensado desde el acuerdo con Irán por la causa Amia (https://bit.ly/2SYLs77).
Las contorsiones declarativas del Presidente son a esta altura una marca que lo distingue. Sus seguidores las celebran como el epítome de la picardía política. Aunque dejan una huella tóxica en el prestigio de la institución que representa.
En este caso, el viraje no pudo ser más inoportuno: el mundo contiene el aliento por la nueva guerra declarada entre Estados Unidos e Irán. La nueva opinión del Presidente sobre el caso Nisman puede ser y será leída en ese nuevo contexto.
El fiscal murió acusando a Cristina por la decisión del Estado argentino de garantizar la impunidad para los victimarios iraníes del atentado contra la Amia. Que (como bien recuerda el documental televisivo que Alberto Fernández consideró atinado cotillear en público) fue el más grave y premonitorio antes del ataque a las Torres Gemelas.
En ese nuevo entorno hostil, la diplomacia argentina parece haber regresado al alineamiento con los antiguos aliados de Irán. Recibe los elogios del dictador Nicolás Maduro y le provee a Evo Morales un territorio de frontera para que intente retomar el poder que extravió en Bolivia, durante la embriaguez de una perpetuación fraudulenta.
Son datos que condicionan al Gobierno nacional en otro escenario, el de la emergencia económica. Donde ha decantado la verborragia solidaria y ha quedado en evidencia la decisión de exhibir, antes de marzo, una voluntad de disciplina fiscal para intentar la renegociación de la deuda externa.
Para maquillar las verrugas del ajuste, el oficialismo intenta metabolizar un nuevo relato. No muestra todavía un criterio unificado. Cristina propone renovar el mito de sus mejores momentos políticos. Aquella narrativa trazaba una parábola emancipatoria: desde el día en que Juan Perón expulsó de la plaza a la juventud maravillosa, hasta el momento en que sus ideales regresaron a la Casa Rosada, de la mano de Néstor Kirchner. Todo en el medio fue noche neoliberal.
El albertismo deflacta ese credo con una cuota de realismo. Para decirlo con el léxico de los depuestos, también con Cristina pasaron cosas. Son meros ejemplos: Hebe de Bonafini se asoció con Schoklender. José López ofreció su caridad en los conventos. La burguesía nacional migró del fracaso público de José Ber Gelbard a la prosperidad privada de Lázaro Báez.
Una utopía retrospectiva no señala el horizonte. Es el pasado de una ilusión, diría el historiador francés Francois Furet. El Presidente bucea en la formulación de un relato nuevo. Con el ancla inicial en los años de la soja a 600 dólares. Introduce un hiato en su salida del gobierno de Cristina y retoma en el día de la conciliación. Un modo atenuado de la misma operación motivacional: recordar el futuro.
Para revaluar la fascinación, sus ideólogos hablan de la “teoría del ‘subibaja’”: los últimos serán los primeros. Explican que por ahora hay que pagarle a los acreedores externos, exceptuar de impuestos a la renta financiera, eximir de retenciones a la minería y a las petroleras.
Llegará el momento, dicen, de resucitar con otro nombre a la ley previsional de Macri, que tras su derogación quedó como una extraña conquista escandinava. Por ahora, nada de reclamos desmedidos. El ajuste al contado y la reparación en cuotas.
Les ha sucedido a los nuevos revolucionarios lo mismo que ya se señaló de los jacobinos originales. En vez de escribir documentos legales para la eternidad, se vieron obligados a ocuparse de cuestiones terrenales. Nimiedades como la provisión de vituallas.
