La Justicia obliga a que la familia de la mendocina muerta en San Luis pague la autopsia

Magalí Morales murió el 5 de abril en una comisaría de Santa Rosa. Los familiares no creen en un suicidio y pidieron una segunda prueba.

La Justicia obliga a que la familia de la mendocina muerta en San Luis pague la autopsia
La Justicia obliga a que la familia de la mendocina muerta en San Luis pague la autopsia

Florencia Magalí Morales (39) apareció muerta en el comisaría de Santa Rosa de Conlara, en San Luis. Y si bien investigan las causas del deceso, las dudas se posaron sobre la Policía. La familia, por su parte, quiere que no descarten ninguna hipótesis y  pidieron una nueva autopsia del cuerpo de la mujer.

Magalí (así la llamaban) era del departamento de Las Heras, y se mudó por trabajo en el 2017 a la ciudad puntana que linda con Córdoba. Y el pasado 5 de abril salió a comprar dejando por un rato, y bajo la vigilancia de una vecina, a sus niños de 11 y 7 años y a su nietita de 2. Ese fue el último día que la vieron con vida.

Según la publicación en Los Andes del lunes 20 de abril, las versiones sobre el motivo de su detención fueron variando, pero coinciden en que la mujer salió sin permiso y violando la cuarentena. Fue arrestada en el centro de Santa Rosa cuando iba en bicicleta conduciendo en contramano. Lo cierto es que terminó demorada porque estaba circulando sin permiso, y su número de DNI no coincidía con el día asignado.

Pese al motivo que llevó a la policía a detenerla, queda bajo duda el accionar de los agentes de la Comidaría 25 de esa localidad.

La hermana de Magalí, Celeste, argumentó que en medio de la cuarentena por el coronavirus, llamaba desde Mendoza pidiendo información sobre Florencia. Después, la policía le dijo que su hermana estaba declarando cuando en realidad estaban trasladando su cuerpo a la morgue.

De allí que, tomando además otras pruebas, la familia de la mujer de 39 años pidió una segunda autopsia, a la que la Justicia aceptó pero con la condición de que se hiciera cargo del gasto, significando unos 100 mil pesos.

Razones y motivos de la segunda autopsia

Sospechan de la policía

Para la Justicia se trata de una causa de "averiguación de causales de muerte", es decir qué sucedió en las circunstancias previas, si hubo excesos en la detención o un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La familia quiere que no descarten ninguna hipótesis: tampoco la del homicidio. Por eso, ahora, pidieron una nueva autopsia del cuerpo de la mujer.

¿Qué sucedió en la comisaría?

Según pucblicó Clarín, no se realizó la natural notificación por la sanción judicial de la mujer y se la detuvo por varias horas.

En el medio aseguran que una médica atendió a Magalí tras ser llevada al hospital para "tranquilizarla", constatando que no tenía lesiones, que estaba consciente y estable, pero muy "enojada" con los policías.

Después de eso, lo único que se supo es que Magalí estaba en su celda, que era la única persona en el sector de calabozos y que luego apareció muerta.

Para la Justicia, si bien dio cabida a la posibilidad de haber falencias en la custodia, no tendría dudas de que se trató de un suicidio, sosteniendo lo manifestado por los agentes, quienes afirmaron que la mujer se quitó la vida con el cordón de un buzo que le llevó una vecina para abrigarse.

Para su familia esa versión es "imposible". El abogado manifestó su preocupación porque "no se constató si tenía golpes en la cabeza ni lesiones compatibles con abuso sexual". Ante esa situación, los representantes de la familia pidieron una reautopsia para buscar nuevos elementos que pudieran descartar otras hipótesis, como la del homicidio.

"El informe inicial sólo indicaba que Magalí había muerto por asfixia mecánica. Pero no se dejó constancia de las lesiones hasta más de una semana después. Tenía hematomas en las muñecas y escoriaciones en las rodillas, que podrían ser compatibles con heridas defensivas, que no se registraron antes de la detención, según declaró la médica que la revisó", explicó Santiago Calderón Salomón, el abogado de la familia Morales a Clarín.

El proceder de la Justicia

José Osvaldo Pinto, el juez a cargo de la instrucción, autorizó las audiencias virtuales, en medio de la cuarentena obligatoria. Allí, el perito que practicó la autopsia amplió el informe y respondió preguntas.

Falta definir cómo declararán los testigos, entre los que hay policías que estaban a cargo de Morales, y otros detenidos. Al momento no hay ningún imputado ni acusado de ningún delito.

El juzgado hizo lugar al pedido y envió un oficio a la Municipalidad de Santa Rosa para informar que exhumarán el cuerpo, pero con una insólita condición: la familia deberá que hacerse cargo de los gastos que implique el traslado del cuerpo desde el cementerio de Santa Rosa hasta la morgue de Villa Mercedes, la apertura del féretro y, la nueva sepultura, la vuelta al cementerio. Es decir, si quieren hacer nuevas pericias que aporten pruebas al expedientes, los familiares tienen que pagarlas. Según se calculó, hacer el trámite significa un gasto de 100 mil pesos.

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