El sueldo del gobernador es un tema de debate que siempre vuelve y dispara polémicas. Es que el monto que cobra la máxima autoridad constitucional suele funcionar como valor de referencia para los salarios de otros funcionarios públicos y también suele ser motivos de críticas ciudadanas por lo que se supone es un monto elevado.
No es nuevo el argumento de que hay funcionarios que cobran y no deberían cobrar más que el gobernador. La situación más reiterada es la que se refiere a profesionales médicos del sistema de salud estatal, entre los que hay cien médicos que superan (algunos largamente) el monto del salario de Francisco Pérez.
Hay incluso directores de hospital que son médicos de carrera en el sistema público de salud que prefieren cobrar como médicos, porque el cargo de director está enganchado al salario del mandatario (equiparados al salario de ministro, es decir el 94% de lo que cobra el gobernador), pero el que puede cobrar como profesional médico es más elevado.
Otros de los apuntados son los magistrados. Los magistrados tienen un régimen salarial distinto al del resto de la Administración Pública gracias a un acuerdo firmado por el entonces gobernador Celso Jaque (PJ). Estos funcionarios ajustan sus salarios de acuerdo a las variaciones de sus pares de la Justicia Federal. Así que no es raro encontrar magistrados que cobran mucho más que el Gobernador.
En 2012 incluso se dio la paradoja que los legisladores cobraron más que Pérez. Es que, cerrada la paritaria de ese año en un 33%, el Gobernador decidió recortar para sí mismo y para sus ministros en un 25%. Bajo el imperio del sistema republicano, la Legislatura es un poder independiente; los legisladores no tomaron nota de ese hachazo salarial y se aplicaron el incremento que correspondía de acuerdo a la ley 5.811: el 95% de lo que debería haber cobrado Pérez (doble de la clase 13). El resultado fue que senadores y diputados cobraron mil pesos más que Pérez en el sueldo de mayo de ese año.
Durante la gestión de Pérez hubo algunos intentos para ordenar la pirámide salarial estatal, intentos siempre resistidos por los gremios estatales, particularmente el sindicato de los médicos del Estado, Ampros.
Finalmente, el año pasado se logró sancionar una ley de tope salarial. En setiembre de 2014 la Legislatura transformó en ley una propuesta que permitiría ir achicando la brecha entre los que más ganan y el Gobernador. La idea fue recortar en un 70% los incrementos salariales de quienes ganan más que el ocupante del Sillón de San Martín. De esa forma el crecimiento de los ingresos sería menor a lo que crecerían los del Gobernador y, a mediano plazo, la pirámide salarial quedaría restablecida.
De todos modos, esta ley de tope no alcanza a los magistrados.
