La política toda está otra vez temerosa y pendiente de la economía, porque unos y otros tienen su suerte atada a lo que suceda finalmente con la entrada o no del país en default por la crisis con los fondos buitres. Cada uno a su manera y con sus intereses, está sopesando las consecuencias que eso tendrá sobre la gobernabilidad actual y próxima de la Argentina, y también sobre el bienestar de todos.
La apuesta más fuerte a un rédito político es, sin embargo, la que realiza la presidenta Cristina Fernández, decidida a sostener el discurso épico de la victimización, con el que pretende finalizar su mandato en 17 meses. "Quédense tranquilos, tenemos todo perfectamente estudiado", dijo el ministro de Economía Axel Kicillof y ésa es la misma consigna que Cristina baja para todos sus funcionarios.
Desconfianza
En al menos dos despachos importantes de la Casa Rosada, cuentan que una mayoría de los integrantes del Gobierno no están tranquilos ni creen que esté todo controlado. Eso sí, suavizan la crítica apuntando que "quizás sea por falta de información" o por los preconceptos que hay con el joven Kicillof, a quien ven montado en una soberbia irritante y adueñándose, junto a sus amigos, del aparato del Estado.
También simplifican al extremo un supuesto plan de la Presidenta: "Ella busca terminar su mandato como símbolo mundial contra la especulación financiera, pero los que vengan después pagarán caro esa distinción". Las fuentes se refieren a quienes están pensando en suceder a Cristina desde dentro del oficialismo, los mismos que hasta no hace mucho tiempo creían que con las realizaciones positivas del gobierno en estos diez años y algunas consignas emotivas del kirchnerismo, bastaría para ganar las elecciones de 2015.
Si la Argentina es declarada en cesación de pagos, todo será más difícil para los candidatos. Ellos saben que una campaña no se hace llorando con quejas y acusaciones, en este caso a los fondos buitres, al juez neoyorquino Thomas Griesa y a la Justicia norteamericana. Lo que estará en el centro del interés de las familias es el bienestar económico, la baja de la inflación, la posibilidad de encontrar empleo, de ganar mejores salarios, de educar a los hijos con el Estado garantizando la seguridad y los demás derechos.
Justamente todo eso es lo que hoy se advierte en franco deterioro, con una economía cuyo nivel de actividad viene en picada. Menos inversión, menos fuentes de trabajo, y cifras oficiales que hablan de recuperación cuando los propios gremios oficialistas conviven con las suspensiones y admiten el aumento del desempleo.
En aquella estrategia de victimización que despliega la Presidenta, no está ausente el capítulo destinado a la Justicia doméstica. Hechos recientes, como la reposición del fiscal José María Campagnoli tras una parodia de juicio impulsada por el kirchnerismo, o el avance de causas como las que tienen de protagonista al vicepresidente Amado Boudou, han encendido aún más los enconos de Cristina contra los jueces.
Los controles
"Ahora hasta la Chuchi tenemos en contra", se lamenta un operador kirchnerista que conoce muy bien el paño judicial. Se refiere a María Romilda Servini de Cubría, que está investigando el escándalo por el tráfico de efedrina, que obligó a renunciar al ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, Sedronar. Esa causa compromete seriamente al Gobierno.
Hay, no obstante, una esperanza de reivindicación en la cúpula del poder político. Dicen que hasta la Presidenta hizo una sonrisa de satisfacción cuando le informaron que la Corte Suprema de Justicia ha comenzado a tener dificultades para reunir cuatro firmas en sus acuerdos y fallos. Ocurre que tras la muerte de Carmen Argibay, otros tres jueces ya no trabajan al ritmo de antes. Carlos Fayt tiene 96 años, Enrique Petracchi sobrelleva una dura enfermedad y Eugenio Zaffaroni viaja por largos períodos fuera del país.
Con ese panorama, la Corte pronto deberá apelar a conjueces y ya no será la misma, pero el problema para el Gobierno no desaparecerá: ahora ya son muchos los jueces que quieren poner límites a los caprichos oficiales.
