La información, publicada días pasados por Los Andes, genera una profunda preocupación. Porque se refiere a la decisión de muchos productores del Sur provincial que, ante el aumento de costos de mantenimiento de las fincas y los bajos precios en las ventas, han decidido dejar las frutas en los árboles. Problema que provoca un efecto inmediato, en razón de que no sólo influye sobre el productor, que se queda sin financiamiento para enfrentar un nuevo año, sino también sobre decenas de familias que vivían de los jornales recibidos por la recolección de la fruta.
Con el agravante de que la caída de frutas en la tierra constituye el complemento ideal para la aparición de plagas, como está sucediendo con la mosca del Mediterráneo.
Otro aspecto serio e inquietante es que no se trata de un problema nuevo sino que lleva años sin que haya aparecido una política económica que favorezca al sector o al menos permita la continuidad en la actividad, más aún teniendo en cuenta que reimplantar nuevos frutales y esperar la producción plena demanda por lo menos tres o cuatro años.
El inconveniente que afecta a los productores de fruta, especialmente del sur provincial y del Alto Valle del Río Negro, es el mismo que recae sobre el resto de las economías regionales y que se inició durante los últimos años de gestión kirchnerista, motivados por el incremento de los costos de producción como consecuencia de la inflación y la imposibilidad de competir en los mercados internacionales por el simple hecho de que el dólar se mantuvo "planchado".
Con el cambio de Gobierno muchos consideraron que la situación pudiera revertirse, especialmente durante los primeros meses por el aumento en el precio del dólar, pero el entusiasmo duró muy poco, porque todo volvió a fojas cero, es decir, la falta de posibilidades para hacer frente a los costos de producción.
Se dieron inclusive hechos cuasi insólitos, como lo sucedido años atrás, cuando luego de una marcha de productores que arrojaron peras y manzanas en los alrededores de la Plaza de Mayo, el entonces ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se limitó a señalar que "los productores siguen perdiendo plata, pero menos que el año pasado… ".
Hubo cambios en el ministerio (Buryaile le dejó el lugar a Luis Miguel Etchevehere), pero no en la política implementada. En enero de este año los problemas fueron planteados por Confederaciones Rurales Argentinas, haciendo referencia expresa a lo que sucede en el Sur mendocino, destacando que del precio pagado por la industria de la pulpa hay que deducirle el costo del transporte y de cosecha, que se lleva el 70% del valor final, "dejando al productor 0,60 centavos el kilo para hacer frente al costo de producción y subsistencia". "Nos hacen falta 40 kilos de duraznos para pagar un litro de gasoil", dijo uno de los productores.
A esos aspectos cabría agregarle los incrementos tarifarios que se produjeron recientemente en la energía eléctrica, el gas y el gas-oil, motivos más que valederos para que exista algún tipo de intervención, ya sea por parte de las autoridades provinciales como de las nacionales.
Tiempo atrás, uno de los productores más importantes de frutas del Alto Valle, manifestó que se trataba de una actividad muy compleja en razón de que al trabajo anual había que sumarle la permanente información sobre los cambios que se producen en los mercados internacionales. "En nuestro caso estamos cambiando las variedades casi en forma permanente", aseguró.
En síntesis, la advertencia sobre la situación de los productores sureños está dada y resulta necesario que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Deberían concurrir en la asistencia al productor para que, al menos, procedan a enterrar la fruta desechada de modo tal de evitar la reaparición de plagas que habíamos superado. Y a partir de allí, trabajar en conjunto para superar la falta de rentabilidad en la próxima cosecha.
