En el contexto de inseguridad dominante en Mendoza desde 2001, las autoridades y la comunidad están preocupadas y ocupadas en resolver el crecimiento incontrolable de los crímenes y delitos violentos, el avance de los delitos a la propiedad y la proliferación de zonas rojas, tanto en la ciudad como en el ámbito rural. La presión social hace que las políticas preventivas o de mediano y largo plazos pasen a un segundo plano, desarrollándose políticas represivas, que son dominantes por el momento.
El tema de la seguridad pública y reducción de la violencia social no se trata como un conjunto, como un todo integrado, sino solamente bajo la perspectiva de la urgencia social. Considero que en el contexto de la propuesta de Ley de Emergencia en Seguridad que ha hecho el Gobierno es necesario incluir herramientas para corregir y superar los problemas con una visión integrada y realista que permita avanzar en la elaboración -a mediano plazo- de un modelo innovador de organización pública, como base de un nuevo orden de convivencia social, de participación política, de participación comunitaria y de autogestión.
La pregunta que nos debemos hacer es ¿dónde germina y crece la violencia social que genera esta inseguridad generalizada? La falta de valores y la permanente incertidumbre económica y social han destruido a muchas familias. Un estudio detallado en el Gran Mendoza reveló que las conductas violentas comienzan tempranamente. Hay un primer nivel de complejidad en que los niños y jóvenes exploran conductas delictivas transgrediendo pautas normadas sin tener controles adecuados (faltas al colegio, viajar en transporte público sin pagar, conducir sin carnet de conductor y pintadas en paredes), para luego avanzar a un segundo nivel de conductas agresivas que se vinculan con daños (papeleros, ventanas, farolas, cabinas telefónicas, muebles del colegio, etc.) y conductas más graves como el bullying…
En este segundo escalón, el número de casos de violencia ha aumentado considerablemente, llegando a conductas personales delictivas que se producen por falta de controles adecuados, tanto en la familia, como en la escuela y el ámbito social. El nivel de agresividad y de permisividad social se ha incrementado con la presencia de la droga, que ha hecho que ese proceso se inicie más temprano. La violencia y la inseguridad actual muestran la raíz de un problema que es necesario atacar desde la misma escuela y desde las familias.
En las escuelas a cargo del Gobierno de Mendoza la violencia se expresa a través del acoso, asedio, hostigamiento, intimidación o victimización y ha alcanzado niveles de criminalidad sobre alumnos/as y docentes que son agredidos; el daño que esta problemática provoca es profundo y se agrava al no existir respuestas adecuadas desde la gestión pública ni desde cada institución escolar, convirtiendo a las escuelas en comunidades altamente vulnerables. La autoridad sólo acude en condiciones "ex post". No hay medidas preventivas y de acompañamiento a docentes y responsables de las instituciones para que sepan abordar el problema. "No sé cómo actuar cuando un chico saca un porro y se pone a fumar en clase", escuchamos decir a muchas docentes con desesperación. Hoy algunas escuelas son áreas de entrenamiento de los actuales y futuros delincuentes.
El riesgo que contiene el sistema escolar de la provincia de Mendoza se expresa de manera no ocasional, sino persistente y creciente; podemos atribuirlo a la propia ineficiencia actual del mismo sistema educativo para manejar este escenario y contenerlo. La situación genera un costo social importante y aumenta año a año, junto con el ingreso de jóvenes a los recintos penales, hoy nuevamente saturados. Consideramos que un grupo importante de escuelas de Mendoza están en nivel de "desastre": ¿cuántas escuelas son?, ¿cuáles?, ¿cuáles son los delitos y/o situaciones de riesgo (amenazas) más importantes que cada una debería saber manejar?, ¿qué apoyo preventivo debería hacerse a cada una desde la DGE?...
Son preguntas por ahora sin respuesta. Sin embargo, la situación se puede revertir porque es posible actuar tanto: a) sobre el conjunto de amenazas que afectan a la escuela, trabajando en la mejora de las debilidades de la gestión institucional; b) sobre el conjunto de situaciones de vulnerabilidad existentes, a través de políticas de prevención para superar el escenario de riesgo. En el contexto de la emergencia actual, en consecuencia, es indispensable y urgente comenzar a atacar las causas de este proceso desde sus raíces, incorporando herramientas que permitan superar las debilidades que tiene el sistema escolar en manos del Gobierno, para reducir el número de jóvenes que están entregados a la violencia y el delito.
En la Legislatura provincial hay un proyecto de ley (con media sanción de la Cámara de Senadores: expediente 55.872/08), que fue construido en consenso con la DGE y senadores de diferentes bancadas, que se debería considerar como una ley de emergencia y salvataje de niños y jóvenes en riesgo, partiendo de aquellos que están vinculados con el sistema público escolar; incluye a los establecimientos correspondientes a la Dirección de Educación de EGB 3 y Polimodal), Cens y Cebas, tanto los del sistema común como aquellos que se encuentran en el sistema penitenciario, que corresponde a la Dirección de Jóvenes y Adultos, ambos bajo la jurisdicción de la Dirección General de Escuelas. Propone crear un programa integrado de reducción de conductas violentas de jóvenes en el sistema educativo. El plan debería tener una duración limitada, pero la suficiente para garantizar resultados, y se deberá discontinuar a medida que las situaciones de riesgo se vayan superando.
La ley consta de 4 capítulos: 1) Disposiciones generales: contiene las especificaciones generales y especiales para el programa y las disposiciones institucionales que deben ser tenidas en cuenta. 2) De la formación y actualización de docentes a cargo de instituciones educativas en riesgo. 3) De la reducción de la violencia en las instituciones educativas en riesgo. 4) De la recuperación de jóvenes en situación de encierro. El objetivo previsto es cortar el círculo vicioso en el que se encuentran insertas las instituciones y el mismo sistema educativo mendocino, reduciendo el impacto de las situaciones que amenazan a las escuelas, minimizando la vulnerabilidad de los actores del sistema escolar y recuperando a los jóvenes que -aun cuando están en el sistema escolar- no están debidamente contenidos.
Es necesario recuperar los valores y las conductas pacíficas desde su base. Su aplicación debería iniciarse en forma inmediata a la sanción de esa ley y tendría una duración mínima de 5 años, con evaluaciones institucionales trimestrales para controlar su evolución y la incidencia de su aplicación en las escuelas que se integren al programa.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.
