El Poder Ejecutivo acaba en enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley que impulsa cambios en el mecanismo de evaluación de aspirantes a jueces, fiscales, defensores oficiales y camaristas de distintos fueros de la Justicia.
Debe recordarse que todos los cargos mencionados son evaluados, antes de ser aprobados por el Senado, por el Consejo de la Magistratura, un órgano constitucional que, luego de un minucioso proceso selectivo, elabora una terna de postulantes a un determinado cargo. Esos antecedentes son remitidos luego al gobernador de la Provincia, quien ante una vacantes elige a uno de los propuestos y remite a la Cámara alta el nombre del nominado y sus antecedentes para el correspondiente acuerdo legislativo que viabiliza la designación.
Lo que busca modificar con su propuesta el gobierno de Alfredo Cornejo es el perfil en la selección de los magistrados, ya que, según lo expresado por el secretario de Seguridad, Marcelo D’Agostino, actualmente los exámenes que deben rendir los aspirantes son “muy teóricos y académicos”, lo que lleva, según lo manifestado por el funcionario, a que “se les complique” el abordaje de cada caso que llega a su consideración cuando los jueces “tienen que resolver cosas de la vida común”.
Precisamente, en los fundamentos de la iniciativa el Poder Ejecutivo señala que 98 por ciento de las ternas que llegan a consideración del Gobernador son miembros del Poder Judicial “que buscan ascender”. El 2% restante corresponde a abogados que desempeñan sus actividades profesionales en el sector privado, los abogados “que tienen calle, que están en la trinchera” según la apreciación vertida por el titular de Justicia del gobierno provincial.
La reforma que pretende implementarse a través del proyecto que ya es analizado en sede legislativa se basa en una modificación mínima, pero sustancial, de la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Pretende la propuesta que en lo sucesivo la calificación a los aspirantes no sea por puntaje sino por la discriminación entre aprobado y desaprobado, de modo que quede de lado la faz meramente competitiva que puede otorgar la puntuación y se aliente la “capacitación” para el cargo de cada uno de los postulantes.
Por otra parte, si la reforma prospera la situación académica del aspirante no será determinante a la hora de calificarlo para sumarlo a una terna y así quienes ya tienen cargos judiciales no se beneficiarán más fácilmente porque deberán competir palmo a palmo con quienes acreditan valiosos antecedentes laborales por fuera de la órbita institucional judicial.
En líneas generales, la iniciativa del gobierno provincial debe ser bien considerada, partiendo de la base de que se trata de una propuesta tendiente a fortalecer y mejorar la calidad de los servicios que debe garantizar el Estado. La Justicia, con sus tiempos y defectos, generalmente ha estado en medio de las críticas de la ciudadanía y de parte de la dirigencia política.
La responsabilidad que recae sobre el Poder Judicial, uno de los pilares de la vida institucional, es sustancial por ser (o deber ser) el poder más alejado de los intereses políticos y, en consecuencia, el que debe interpretar la legislación vigente y velar por su calidad. Priorizar antecedentes de una carrera judicial para aspirar a una mayor jerarquía puede ser válido en lo estrictamente profesional, pero también debe considerarse que la cualidad del juez, del magistrado en general, requiere del sentido común y de la percepción de la realidad que mayormente aporta quien vive en contacto con el día a día y no sólo se nutre de una base teórica.
