Lo sucedido con la profesora del Nivel Medio del Departamento de Aplicación Docente dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, no hizo más que sacar a la superficie -al tomar estado público a través de las redes sociales- un problema que a diario deben afrontar todos quienes se encuentren al frente del aula.
Chicos que no sólo no respetan la autoridad del docente sino que se esmeran en entorpecer su gestión a través de actitudes, gestos o términos inapropiados, a sabiendas de que no podrán ser sancionados por su actitud en razón de que la decisión de las autoridades de priorizar una escuela “inclusiva”, no contempla las sanciones necesarias para poder hacer frente a la gravedad de la situación.
Con un aspecto no menos inquietante ya que, tal cual lo han asegurado las mismas docentes, son “los menos” los que generan los inconvenientes y que por ello debe pagar el grueso de la clase, hundiendo así aún más la ya muy deteriorada calidad educativa en la Argentina.
Debemos partir de una base: por más que hubo una alumna que se quedó dormida durante la clase y otro -u otros- que no prestaban atención a las explicaciones, la reacción de la docente fue desproporcionada.
No priorizó su mayor experiencia al frente del curso o su capacidad de raciocinio, sino que se dejó llevar por una actitud visceral, utilizando términos y adjetivos inadecuados, impropios de alguien que tiene la responsabilidad de estar frente a un grupo importante de alumnos.
No intentó hacer valer su autoridad o explicar los errores en que estaban incurriendo los jóvenes sino que se puso al nivel de ellos, lo que determina que sean las autoridades las que evalúen su actitud y adopten las medidas correspondientes.
Pero también debería ponerse en consideración la actitud asumida por los chicos. Tal como lo reflejó una nota posterior, quienes se encuentran al frente de un aula, especialmente en el secundario, deben enfrentar numerosos inconvenientes; chicos que, a sabiendas de que cuentan con la posibilidad de continuar en el aula a pesar de su conducta inapropiada, aprovechan la situación para adoptar actitudes que no se condicen con su condición de alumno.
Son conscientes también de que, en la gran mayoría de los casos, cuentan con el “aval” de sus padres de quienes no sólo no recibirán una reprimenda sino que serán defendidos, muchas veces con términos y actitudes inadecuadas, frente a las autoridades educativas. En situaciones económicas y sociales difíciles, como las que atraviesa el país, impulsar una escuela “inclusiva” no es equivocado.
Porque es una forma de contener dentro del colegio a los alumnos, a sabiendas de que si quedan en condición de calle pueden resultar presa fácil de la delincuencia o de la droga. Pero es necesario buscar una fórmula que permita una mínima exigencia en los cursos, a los efectos de que puedan ir quedando de lado las conductas equivocadas y, en un plano de mayor tranquilidad, comenzar a priorizar la calidad educativa que ha quedado devaluada en los últimos tiempos, tal como lo señalan los diferentes estudios.
Es la gran tarea que debe enfrentar la clase política en general, porque sus resultados excederán las gestiones gubernamentales, actual y muy posiblemente la próxima. Es necesario encontrar un equilibrio entre la contención del alumno dentro del colegio, con el respeto hacia la autoridad, lo que contribuirá indudablemente a esa necesaria mejora en la calidad educativa a que hemos hecho alusión.
