Según un artículo recientemente publicado en un matutino de la ciudad de Buenos Aires, el 86 por ciento de los argentinos considera que la agenda de los candidatos que competirán en las elecciones presidenciales de agosto y octubre no incluye el tema educativo. Y de ese porcentaje, el 55 por ciento piensa que los políticos hablan “poco” sobre el tema y el 31 por ciento directamente “nada”.
Los datos surgen de una encuesta realizada conjuntamente por una fundación dedicada a la inserción de la temática educativa en el ámbito ciudadano y una consultora de opinión pública, con entrevistas realizadas en todo el país.
Entre las consultas efectuadas a la gente, surgieron varias inquietudes sobre los pasos que deberían darse para mejorar la educación en el país, destacándose una mayor inversión en presupuesto educativo, ubicar a la educación como prioridad nacional, mantener el nivel de exigencia educativa, focalizar en la formación de los docentes y renovar los métodos y técnicas de enseñanza.
Sin embargo, en la evaluación del trabajo, quienes realizaron la encuesta destacan que si bien una amplia mayoría de argentinos valoran la educación y se expresan por la necesidad de mejorar su calidad, esa misma porción de ciudadanos no la ubica entre los temas de prioritario abordaje en el país.
En efecto, la misma encuesta le pregunta a la población sobre los principales problemas y allí surge nuevamente con tremenda ventaja el flagelo de la inseguridad, pasando la educación a formar parte de un pelotón de otras prioridades, en un lejano sexto lugar.
Los resultados de la encuesta mencionada parecen confirmar que el debate electoral tiende a negarle a la educación la importancia que debe tener como elemento clave para la estrategia de crecimiento del país en el mediano y largo plazo. Y de esa evidencia surge una reflexión para intentar encontrar los motivos de semejante desatino: que los políticos siguen al pie de la letra las encuestas de opinión y en este punto de la educación advierten que el interés de los ciudadanos por el tema es bajo y por eso lo excluyen del debate.
Confirma este polémico punto de vista, en la misma cobertura periodística, el propio ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, al señalar, por un lado, que la educación “no resulta un tema acuciante porque para en la sociedad está aceptablemente resuelto” y, además, que los argentinos “tienen otras preocupaciones” por asuntos “más acuciantes y ven a la educación como un bien altamente garantizado”.
La actitud del funcionario parece más la de un disciplinado ejecutor de directivas políticas presidenciales que la de un funcionario que al frente de un área sensible, como la de la educación, debería tener un básico margen de autonomía y autoridad como para aceptar una realidad, como presenta la aludida encuesta.
De todos modos, sociólogos y expertos en la temática educativa coinciden en encender luces de alerta al opinar que no debe buscarse en los padres, generalmente desbordados por los problemas diarios de la vida familiar, la organización de la demanda colectiva en pos de una mejora educativa clara y expeditiva.
De ahí, entonces, la enorme responsabilidad que le cabe a la clase dirigente en la priorización de temas que, aunque no estén instalados al frente en las encuestas, resultan fundamentales para el desarrollo de los habitantes, la proyección de la Argentina en el tiempo y en el mundo y, por qué no, en la convivencia, partiendo de la base que está altamente comprobado que la atención de las necesidades sociales contribuye a bajar los índices delictivos que hacen que la inseguridad sea la mayor preocupación.
En ese contexto, resulta primordial que la agenda de campaña de los candidatos presidenciales incluya la problemática educativa. Será una fuerte contribución a la hoy muy devaluada instrucción de niños y jóvenes.
