La caída en los ingresos tributarios del Estado en febrero último revela la existencia de causas profundas, como sucede con la punta de un iceberg, que oculta debajo de la superficie la mayor parte de la masa de hielo.
La recaudación del sector público fue de 471,7 millones de pesos, 42,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior, informó la Agencia Federal de Ingresos Públicos (Afip). Los ingresos del primer bimestre alcanzaron a 999 millones, con una suba interanual de 43,8 por ciento.
Lo que indica que en febrero, lo recaudado se encuentra ocho puntos porcentuales por debajo de la inflación de los últimos 12 meses, que superó el 50 por ciento.
Los tres grandes rubros que componen los ingresos impositivos acusaron bajas.
En el caso de los tributos aduaneros, la disminución estuvo vinculada al hecho de que las liquidaciones de divisas por parte de los exportadores del complejo sojero cayeron al mínimo nivel en los últimos 13 años.
Esto aconteció pese a que los derechos de exportación –llamados comúnmente retenciones– alcanzaron al 30 por ciento, según lo dispuesto por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en comparación con un tributo de 24,7 por ciento que regía en noviembre último.
Tras el triunfo de Alberto Fernández en la elección del 23 de octubre de 2019, los sectores ligados al campo apuraron la liquidación de exportaciones, por la presunción, luego confirmada, de que sobrevendría un fuerte aumento en los impuestos al campo.
Los recursos de la seguridad social y de la actividad en general también se retrajeron en febrero por una menor dotación de personal formal en las empresas y por la caída en la economía.
La baja en los ingresos fiscales constituye una seria advertencia para la administración de Alberto Fernández, que debería atender los numerosos estudios tributarios realizados a partir de lo que se conoce como “la curva de Laffer”.
La teoría del economista norteamericano señala que el aumento en los impuestos no asegura mayores ingresos al Estado, ya que esos incrementos pueden tornar improductiva una actividad y, por lo tanto, disminuir sus aportes o directamente dejar de pagarlos, al resultar antieconómico el emprendimiento.
La pesada carga tributaria, que se estima en la mitad del valor de un bien o de un servicio en la Argentina, es, por lo demás, otro de los elementos que contribuyen a la suba de los precios, que el Presidente pretende controlar.
Alberto Fernández sostuvo que “no se justifican los aumentos” en alimentos y en bebidas a partir del congelamiento de ciertas variables, como las tarifas y la baja de las tasas de interés.
Sin embargo, sobre la actividad penden otros supuestos e influencias que determinan el movimiento de los precios. Como consecuencia, cayeron las ventas minoristas en febrero, y por ende los aportes al Estado.
El Gobierno nacional debe realizar un análisis más realista de lo que está sucediendo en la economía y dejar de lado lecturas superficiales y la alusión a teorías conspirativas para justificar sus primeros fracasos.
Como hemos insistido en otras oportunidades es necesario que el Poder Ejecutivo Nacional le muestre a la ciudadanía un plan económico, aunque sea general, con los objetivos y las metas que se propone.
De ese modo, los funcionarios sabrían donde ir y la sociedad sabría a qué atenerse.
Navegar sin brújula a la espera de una solución del tema de la deuda externa que no será simple ni corto, no es el mejor camino a seguir en medio de la crisis que persiste en la Argentina, y más en un mundo que también está sufriendo enormes vaivenes.
