En las últimas semanas se agudizaron varios cruces entre el gobierno de Mauricio Macri con sectores empresarios. El presidente está molesto porque -dice- los empresarios en privado le dicen que va bien con su política pero en público lo critican. Además, les reclama que no invierten a pesar de las decisiones que se tomaron para facilitar sus negocios.
En realidad, en parte el presidente tiene razón respecto de las actitudes, pero en el fondo debe entender que los negocios no son cuestiones de amistades sino de rentabilidad. Nadie invierte si no tiene certezas acerca del alcance y sostenibilidad de las medidas en el mediano plazo.
No obstante, los empresarios siguen pidiendo cada día más cosas que el gobierno no puede darles todas juntas. Incluso si se las diera, nadie garantiza que comenzarían un proceso real de inversiones.
Las discusiones se aceleraron esta semana por un reclamo de la empresa Arcor, por la importación de tomates en lata, que consideran excesiva, a pesar que la producción nacional solo alcanza para cubrir el 40% de la demanda del mercado interno. Se le reclama frenar importaciones, bajar impuestos, bajar costos laborales, atraso cambiario, aumentos de tarifas y otras demandas.
El gobierno también está molesto con los economistas ortodoxos que lo critican por ir muy lento, mientras se abren varios frentes. Lo paradójico fue que, en medio de las discusiones cayó un baldazo de agua fría. La justicia ordenó detener al ex presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, acusado de irregularidades en la causa del yacimiento de Río Turbio.
En la Argentina, donde florecen las teorías conspirativas, más de uno debe haber pensado que fue una venganza del gobierno con los empresarios, a pesar que pruebas acumuladas contra el actual presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) parecen ser contundentes. Esta situación ha golpeado muy fuerte al frente empresarial y los dejó, por ahora, sin capacidad de respuesta.
Mientras tanto florecen los interrogantes acerca de la marcha de una economía que no termina de crecer al ritmo esperado y que no da posibilidades de competir. Los altos costos impositivos y regulatorios y un tipo de cambio atrasado no les permite exportar y las empresas no ven capacidad d respuesta del mercado interno.
El ajuste se empieza a sentir
Los ajustes de tarifas de gas y electricidad desde 2016 han sido constantes y han alcanzado una dimensión que muchos no esperaban. Es que, acostumbrados a tarifas regaladas., no tenían conciencia del valor real del servicio y mucho menos cuanto costaba lo que gastaban, sin control por el precio regalado.
Las familias se enfrentar a la situación en la que están haciendo una reingeniería del presupuesto familiar, donde las tarifas de luz, gas y transporte ocupan un lugar mucho más importante.
Dado que estos incrementos han sido mayores que la inflación y que los ajustes de salarios, no les queda más remedio que recalcular, elegir lo imprescindible (incluso cambiando de lugares de compra), y postergan o dejan otros.
En ese proceso las decisiones de postergar consumos se sienten en esos sectores, que comienzan a buscar explicaciones y ahí surgen quejas por importaciones. No obstante, los números muestran que los mayores volúmenes de importaciones corresponden a bienes de capital y a piezas y accesorios parabienes de capital. Los bienes de consumo, si bien han crecido, no han tomado niveles preocupantes.
Pero las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, también sufren el embate de los nuevos cuadros tarifarios. Muchas siguen operando con equipos viejos en tecnología y no tienen capacidad crediticia para renovarlos por otros de uso más eficiente de la energía. Mientras tanto, sufren la presión de los costos y la pérdida de competitividad.
Más allá de las discusiones, es real que las empresas necesitan que se avance rápidamente en las reformas necesarias, tanto en el campo laboral como el impositivo, pero para eso hace falta un rumbo claro de baja del gasto público, que ya es insostenible en todos sus niveles.
Expectativas por el tipo de cambio
A esto debe sumarse el problema de la competitividad del tipo de cambio real, cuyo deterioro comenzó en 2010 y no se ha podido solucionar hasta ahora. Por más que el gobierno liberó el mercado de cambios, la afluencia de dólares producto del ingreso de divisas por mayores préstamos externos generó un exceso de oferta, ayudado por las altas de interés que el Banco Central impuso en el negocio de las Lebac.
Hoy muchas pautas han cambiado. Se relajaron las metas de inflación, se comenzaron a bajar las tasas de Lebac y se viene ajustando el tipo de cambio que, sin embargo sigue atrasado por el efecto de la inflación, aunque ha recuperado un poco de competitividad porque las monedas de la región se han revaluado.
No obstante, los sectores empresarios siguen mostrando su disconformidad porque entienden que no hay condiciones equitativas para abrir los mercados ya que no están en condiciones para competir con los extranjeros, aunque siguen pidiendo que se abran nuevos mercados.
Muchos sectores empresarios están puntualizando objeciones en la negociación entre Mercosur y Unión Europea, aunque será difícil que el presidente francés Macron desista de proteger su sector agrícola, lo que está trabando las negociaciones y han comenzado a objetar diversos aspectos de la producción ganadera para ponerle trabas.
Un caso paradójico ocurre con las negociaciones con México, que viene muy avanzadas. Pero ha surgido un problema porque mientras la mayoría de los sectores productivos están dispuestos a avanzar, entre ellos el vitivinícola, ha surgido una negativa del sector automotriz, que no quiere que se bajen aranceles a autos fabricados en ese país.
Para que nos quede claro, las automotrices son multinacionales y los fabricantes de autos de México son los mismos que operan en nuestro país. La explicación de esta actitud es que el negocio de las multinacionales es que les cierren los mercados para que ellos puedan operar sin referencias de importación y poner los recios que quieran. Estos no se quejan, son la industria más protegida del país.
Los empresarios se quejan, los economistas critican y el presidente se enoja y se encapricha. El ministro Dujovne lo convenció que las pautas salariales no debían ser superiores al 15% y que no debían indexarse para que las expectativas no generen inflación. En realidad, el único responsable de la inflación es el gobierno.
El alto gasto y su financiamiento generan este proceso. En el primer bimestre, la creación de moneda creció a un ritmo del 37% anual. Así, nadie cree que la inflación sea del 15%. No es cuestión de enojarse sino de entender. No se puede gobernar con voluntarismo ni pedir adhesiones incondicionales.
