Las afirmaciones del fiscal venezolano, que dejó su país al ser amenazado para que profundizara los cargos contra dirigentes opositores, podrían ser interpretadas desde dos aspectos: por un lado, como una dura denuncia sobre lo que está pasando en aquel país, con miras a las elecciones de diciembre y, por el otro, como un angustiante pedido a la comunidad internacional para que tome cartas en el asunto y exija al gobierno de Nicolás Maduro aceptar las reglas de la democracia permitiendo la realización de comicios libres y sin condicionamientos.
Franklin Nieves es uno de los fiscales que participó del juicio contra el líder político opositor Leopoldo López, que fue condenado a casi 14 años de cárcel. Nieves decidió huir con su familia y, desde el exilio, dio a conocer un video en el que denuncia presiones del régimen de Maduro para que el proceso contra López terminara con la condena a prisión, asegurando que tanto el Gobierno como sus superiores en la Justicia utilizan pruebas "falsas" para mantener al dirigente político en la cárcel durante el proceso de apelación que está en marcha.
Luego de afirmar que pronto presentará evidencias de que el proceso contra López es una "farsa" y que se sintió angustiado cuando debía continuar con el juicio violando derechos individuales, instó a sus colegas -fiscales y jueces- a unirse a él para decir la verdad manifestando así su descontento "por la presión que ejercen nuestros superiores, amenazándonos con destituirnos, con mandarnos a la cárcel y esa serie de argumentos absurdos que siempre nos ponen para amenazarnos".
El fiscal Nieves no hizo más que ratificar lo que todos sabían, en el sentido de que el gobierno de Nicolás Maduro intenta, por todos los medios, sostener una denominada "revolución bolivariana" que se cayó inmediatamente después de la muerte de su mentor, el ex presidente Hugo Chávez.
Maduro recurre a todos los métodos, desde los avances sobre la prensa y sobre las libertades individuales, hasta la adopción de actitudes profundamente antidemocráticas, como encarcelar a dirigentes por el simple delito de ser opositores. Todo ello enmarcado en un silencio cómplice de gran parte de los países del continente, especialmente el Mercosur y de la Argentina en particular, que no opinan sobre la situación, valiéndose de la excusa de no interferir en los asuntos internos de otro país, aunque no adoptaron el mismo criterio cuando decidieron suspender a Paraguay en el mercado común por la destitución de Fernando Lugo, a través de un juicio político.
Lo que está sucediendo en Venezuela es extremadamente grave. Valiéndose de una justicia oprimida y de unas fuerzas armadas leales, el presidente Nicolás Maduro se mantiene en el poder a través de actitudes autoritarias, en un país donde reina el descontento de gran parte de la población como consecuencia de la escasez de alimentos, el racionamiento, salarios deprimidos, desempleo y una profunda caída de la actividad industrial, sólo sostenida por la extracción y el refinamiento del petróleo. Es más, en su afán por sostener actitudes "nacionalistas", el presidente recurre a discusiones fronterizas, como sucedió con Colombia, que llegaron a poner en peligro la paz de la región.
Ha llegado el momento de que ese silencio cómplice de los países de esta parte del continente se revierta y exija al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de los líderes de la oposición y la realización de elecciones libres y democráticas, para que el pueblo venezolano pueda expresarse con total libertad en la próxima contienda electoral.
