1. Amigos del poder: lazos funcionales; presunciones de entorpecimiento; investigación.
Esta doctrina tiene fundamento en los fallos procesales, por crímenes de lesa humanidad, violación a Derechos Humanos e investigación de hechos de corrupción imputados a los funcionarios del gobierno kirchnerista. Sostenía el camarista (Presidente de la Sala II Cámara Federal) que si existen datos reales y concretos que permitan presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo de un acuerdo criminal se encuentran vigentes y pueden ser utilizados para entorpecer la investigación penal, la prisión preventiva debe justificarse.
A la hora de examinar riesgos procesales, no corresponde limitar el análisis a las formas en que se comportan los imputados en el proceso penal sino que resulta relevante determinar si hay datos reales y concretos que permitan presumir que mantienen lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal, que se encuentran aún vigentes y pueden ser usados en perjuicio de la investigación criminal. La CIDH (informe 12/96, caso 11.245: Argentina Nº 84,1/03/1996) y la CSJN.) dice que las únicas razones que permiten la aplicación de una prisión preventiva son “el peligro de fuga del imputado o que la persona pueda obstaculizar el proceso”. Cualquiera que haya tenido un alto puesto en un gobierno, supuestamente mantiene vínculos y relaciones que le permitirían obstruir causas e investigaciones. Con ese argumento, Irurzún justificó correctamente casi cualquier prisión preventiva de ex funcionarios, pese la inexistencia de peligros de fuga o evidencias de que trataron de obstruir un expediente.
2. Los casos más resonantes.
Es extensísima la lista de procesados y condenados del gobierno anterior. Así en la “Ruta del dinero K”: Hotel los Sauces; direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez; Hotesur; desvío de fondos de la mina de Río Turbio; Plan Qunita; compra de trenes chatarra a España y Portugal; Odebrecht; Skanska; la valija de Antonini Wilson, la Tragedia de Once etc.; la causa de Milani por desaparición de un soldado en épocas de la dictadura; del “Pata” Medina, secretario de la Uocra preso por asociación ilícita y extorsión; el “Caballo” Suárez, preso por asociación ilícita y entorpecimiento de vías navegables. También en la causa Ciccone, en la que el juez Ariel Lijo y el fiscal J. Di Lello investigaron la compra de la imprenta para imprimir billetes por parte del ex vicepresidente de la Nación, y fueron condenados: Amado Boudou (5 años y 10 meses de prisión); el ex asesor de la AFIP Rafael Resnick Brenner; Guido Forcieri y está solo procesado el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En un estudio del Conicet, los economistas Ariel Coremberg y Martín Grandes estimaron hipotéticamente, en base a un estudio de inversión pública, que se habría robado al Estado unos 36 mil millones de dólares entre 2003 y 2015.
3. Siete "presos K", un empresario, Milani, libres en varias causas por fraude, coimas, lavado y hasta crímenes de la dictadura.
Dice Mark Twain que la historia no se repite pero, a veces, rima. Vuelven al gobierno los funcionarios que fueron procesados y todavía no tienen condena. Los que son legisladores no tienen desafuero y los otros están siendo puestos en libertad.
Lamentablemente, poco a poco la Justicia va revirtiendo la situación de los procesados y dejándolos en libertad sin condena. En la causa Pacto con Irán, el Tribunal Federal N° 8 ordenó la excarcelación de Esteche, del dirigente islámico “Yussuf” Khalil y de Carlos Zannini (causa Timerman, Héctor y otros s/ legajo de apelación • 07/3/2019). Luis D’Elía con condena por la Comisaría de la Boca. Se ha liberado también a Cristóbal López y Fabián De Sousa, imputados por defraudación al Estado por la deuda multimillonaria generada con Oil Combustibles. Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá. Por la causa de Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. También fue detenida, y liberada pero hace un par de meses, Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Y tres personas acusadas de trabajar para ella en el lavado de más de U$S 70 millones: Carlos Gellez, Carlos Cortez y Perla Puente Resendez y otra docena de funcionarios. César Milani fue absuelto de los delitos de lesa humanidad de La Rioja.
Una verdadera lástima que no hace más que demostrar que Argentina es un país sin justicia, donde reina la impunidad; en donde es muy difícil explicar a los procesados, mortales de carne y hueso, las razones por las que ocurren estas cosas.
