Días pasados, Los Andes se hizo eco de la difícil disyuntiva por la que atraviesan los productores hortícolas, quienes deben decidir entre continuar su actividad con una escasa -y a veces nula- rentabilidad, o ceder a las ofertas de emprendimientos inmobiliarios que los seducen con tentadores montos para comprarles las tierras. El tema no es nuevo y ha sido tratado en diferentes gestiones gubernamentales, pero la situación no se ha modificado. Se habló, inclusive, de impulsar proyectos de defensa del denominado cinturón verde que rodea a la zona urbana, pero el problema se plantea cuando se considera qué puede hacerse con las miles de familias que se encuentran incluidas.
Dicho cinturón verde comprende partes de Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Maipú y Luján, donde la superficie cultivada con hortalizas alcanza las 15.183 hectáreas. Gran parte de la producción se concentra en Maipú y, en orden decreciente, Lavalle, Luján y Guaymallén. El Valle de Uco contiene unas 13.400 hectáreas, mientras el Sur 1.957 y el Este 1.781. Si tenemos en cuenta que la mayoría de esas fincas son cultivadas por productores que trabajan menos de 10 hectáreas -la gran mayoría entre 3 y 5-, llegamos a la conclusión de que son miles de familias las que viven -y subsisten- de esta actividad.
Se trata de una actividad que requiere mano de obra intensiva, con cultivos estacionales que exigen mantenimiento -abonos, agroquímicos-para evitar el ataque de plagas y con incrementos constantes en el valor de las semillas, en su gran mayoría importadas. Otro plano importante lo constituye la recolección de lo cultivado, que en muchos de los casos supera el precio que recibe el productor por su trabajo. Pero lo grave del caso es que en la cadena de distribución la mayor parte de la torta se queda en el intermediario y en el vendedor final.
Así, y tal cual lo hemos señalado en oportunidades anteriores, se da el caso de que un productor recibe $ 2 por un “fardo” de acelga (10 atados) y el consumidor final debe pagar en la góndola del supermercado $ 2 por cada uno de los atados, con lo que el precio final del “fardo” termina siendo de $ 20, aun a pesar de que entre el productor y el vendedor sólo existió un intermediario y escasos kilómetros de recorrido para el transporte de la mercadería. Esa carencia de rentabilidad ha obligado, de acuerdo con un informe redactado por especialistas, a que muchos productores (casi 30% del total) necesiten recurrir a otros ingresos monetarios provenientes de actividades extra, ya sea como empleados en relación de dependencia o en las denominadas changas que ofrece la construcción.
Si bien por una tendencia natural los productores adoptan decisiones individualistas en lo que respecta a sus cultivos, los especialistas consideran que, para evitar lo que sucede con las cadenas de distribución es necesario que surjan organizaciones que los nucleen, y algunas de ellas están funcionando. Iniciativas anteriores no dieron resultado y quedó en evidencia que los denominados mercados -como la Feria de Guaymallén y la del Acceso Este- no cumplieron con sus objetivos en razón de que sobresalen los puestos fijos, ocupados por empresarios que se convierten en concentradores de la compra, fijando el precio final y quedándose con gran parte de la ganancia.
Se trata de un tema complejo que necesita de un trabajo específico para alcanzar una solución. Tarea en la que deberían trabajar organismos reconocidos y prestigiosos, como el INTA o el IDR, a los efectos de evitar la emigración de productores y, paralelamente, asegurar el cinturón verde frente al avance de los emprendimientos inmobiliarios.
