Buenos Aires. Es 29 de agosto de 1975 y la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) abre el legajo número 3.178. La ficha tiene seis datos. Apellido: Cortázar. Nombre: Julio Florencio -el segundo está manuscrito, todo lo demás, a máquina-. Nación: Arg. Localidad: Francia. Profesión: Escritor. Antecedentes sociales: Entidad “Habeas”.
La vigilancia de los servicios de inteligencia -ya gobernaba María Estela Martínez de Perón, faltaban pocos meses para que empezara la última dictadura y las fuerzas parapoliciales cobraban cada vez más poder- ponía su ojo en la participación de Cortázar en la entidad que había fundado Gabriel García Márquez para defender a presos políticos de toda América Latina.
El miércoles se cumplieron 101 años del nacimiento del autor de Rayuela y el jueves la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) difundió ese legajo abierto hace 40 años.
Esa ficha es uno de los 217.000 legajos personales que elaboró la Dippba entre 1956 y 1998, según explicó Samanta Salvatori, directora del programa de investigación de la CPM. Y da cuenta de que, aunque Cortázar no vivía en la Argentina desde 1951, los servicios de inteligencia recolectaron información sobre su participación internacional en la denuncia de los crímenes cometidos por los Estados terroristas de toda la región.
Entre el material encontrado en ese legajo hay un memorando del Batallón de Inteligencia 601 del 21 de mayo de 1979 en el que se advierte al director general de Inteligencia que el mensuario Opción, del Partido Socialista de los Trabajadores, transcribe una carta de febrero de 1978 suscripta entre otros por el autor de Bestiario. Incluso se toma el trabajo de reproducir un fragmento que apunta los objetivos de Habeas: “Poderosa campaña de solidaridad con los pueblos latinoamericanos que padecen la tiranía, la barbarie y la negación de sus esenciales derechos humanos (...) se procurará, hasta donde sea posible, clarificar la suerte de los desaparecidos y allanar a los exiliados los caminos de regreso a su tierra”.
El legajo 3178 también incluye un documento del 20 de enero de 1976 en el que la SIDE informaba que el Tribunal Russel se reuniría en Roma para analizar la situación política latinoamericana y que Cortázar participaría. Categorizándola como “actividad subversiva”, desde la Dippba amplían esa información y subrayan el largo aplauso que Cortázar recibió al pedir exponer como testigo durante la reunión.
El 20 de mayo de 1980 la Dippba calificó al escritor como un “F.4”, lo que significaba que tenía prohibido presentarse públicamente en la Argentina o difundir su obra. Y en un acta que enlistaba a periodistas, escritores y artistas plásticos con esa misma calificación, se anotaba al lado de su nombre: “Por ser ciudadano argentino por opción, nacido en Bélgica, se sugiere retirarle la citada ciudadanía”. Finalmente, esa medida no fue tomada.
“Ya había información sobre cómo se evaluaba la obra literaria de Cortázar, así como los servicios de inteligencia hacían listas de canciones, o de cineastas o de actores que prohibían. Pero esto se centra en su participación política, eso es lo llamativo”, reflexionó Salvatori, y agregó: “Por ahora, esto es todo lo que hay de Cortázar. El archivo puede quedar ahí; hasta que alguien le pregunta y habla”.
Para cuando la Dippba elaboró el legajo N° 3.178, hacen hoy exactamente 40 años, Cortázar llevaba 24 años lejos del país -primero por decisión propia, luego por mandato militar-, era ya un escritor consagrado y, en el último tiempo, se había acercado a los movimientos de liberación en América Latina.
Su compromiso político se puso de manifiesto, por ejemplo, en “La fascinación de las palabras”, que escribió junto al escritor y periodista uruguayo Omar Prego Gadea, donde se refiere al impacto que le produjo conocer Cuba en 1963, año en que apareció Rayuela.
“El amor de Cuba por el Che me hizo sentir extrañamente argentino el 2 de enero, cuando el saludo de Fidel en la plaza de la Revolución al comandante Guevara, allá, donde está, desató en 300.000 hombres una ovación que duró diez minutos”, le manifestó a su amigo Francisco Porrúa, en febrero de 1967.
Asimismo, el escritor dona en 1967 los derechos de autor de varias de sus obras para ayudar a presos políticos de varios países, entre ellos Argentina; en 1970 viaja a Chile y se solidariza con el gobierno de Salvador Allende y al año siguiente junto a otros escritores se opone a la persecución y arresto del autor Heberto Padilla, desilusionado con la actitud del proceso cubano.
En 1974, fue miembro del Tribunal Russell II reunido en Roma para examinar la situación política en América Latina, en particular las violaciones de los derechos humanos, de la que surgió el cómic Fantomas contra los vampiros multinacionales.
Junto a Borges, Bioy Casares y Octavio Paz, ese año también pidieron la liberación de Juan Carlos Onetti, apresado por deliberar como jurado en favor del cuento El guardaespaldas de Nelson Marra.
Ese posicionamiento político había transformado también su literatura. En el poema Ándale (1976) escribe: Habrá que reunirse / con los que llegan fugitivos / de Uruguay y Argentina.
