Hasta la semana pasada, los jardines maternales privados de la provincia dependían de las comunas, eran habilitados como cualquier otro comercio y no tenían regulación de contenidos pedagógicos, ni de personal. Se trata de una realidad que pretende cambiar radicalmente la Ley 9201, que fue publicada ayer en el Boletín Oficial y busca regular el funcionamiento de estas instituciones de carácter educativo-asistencial.
La normativa -que surgió de la iniciativa de los diputados Carlos Bianchinelli, Cecilia Rodríguez y Tamara Salomón- no cayó bien entre los directores y dueños de estos establecimientos pues, aunque están de acuerdo con la necesidad de un control, aseguran que ciertos requisitos de la ley los llevarán a aumentar las cuotas hasta un 50%. Incluso, temen que provoque el cierre de algunos establecimientos. Actualmente los montos que se abonan en los jardines son muy variables y dependen de la ubicación y de las prestaciones, pero van desde los $ 3.000 hasta los $ 8.000.
Los principales puntos que se cuestionan de la ley tienen que ver con el personal: la cantidad de docentes por niño, el hecho de que deban poseer título habilitante y la inclusión de personal de cocina y limpieza.
Alejandra Aguilera, directora del jardín Mandala de Luz (de Capital), aclaró que está a favor de la regulación de los jardines, pero lamentó que las autoridades no contemplaran los costos que implican las exigencias que se establecieron para el personal. "Todo lo que piden va a repercutir en la cuota y los que van a sufrir serán los padres", manifestó.
También explicó que la subsistencia de estas instituciones privadas se basa exclusivamente en el aporte de los padres, ya que no tiene subvención alguna por parte del Estado. "Van a tener que cerrar jardines que son como 'mini empresas'. Mucha gente se va a quedar sin trabajo y los padres, sin opciones para sus hijos", se lamentó.
Por su parte, Matías Fernández (encargado administrativo del jardín Peter Rabbit), remarcó que ellos no deberán hacer cambios a nivel edilicio pero que les preocupa el tema del personal. "Si bien nosotros tenemos todas profesionales trabajando, en la órbita de la DGE se manejan otros sueldos que nosotros no podemos pagar porque no tenemos subvención como otras escuelas privadas", expuso. Asimismo consideró exagerada la cantidad de docentes por chicos.
"Ellos piden un docente y un auxiliar cada siete niños de un año, pero ¿qué pasa si tengo nueve? ¿Debo tener el doble de docentes? Sería imposible de pagar", aseguró.
A estas voces se sumó la de Norma Pérez, dueña del jardín Campanitas, de Godoy Cruz. "Con esta ley nos han hecho un daño muy grande porque no vamos a poder cumplir con lo que se pide. Los jardines maternales no necesitan celadores, ni cocinera", destacó la mujer. Por otra parte, aseveró que "no existe la carrera para quien trabaja en jardín, sino que se necesita vocación y amor". De hecho comentó que para contratar a su personal no mira el título sino que valora otras cosas como, por ejemplo, cómo se relacionan con los niños. "Yo tengo a todas mis maestras registradas y no las voy a echar", confió.
En tanto Silvina González, directora del jardín maternal Dulce Infancia de Las Heras, lamentó que en la nueva ley no se tuvieran en cuenta las realidades de los establecimientos. "Nosotras presentamos una serie de notas y puntos que no fueron contemplados", contó. Además aseguró que el sistema no está preparado para formar a docentes para jardines maternales. "Nadie quiere tomar la sala de bebés. Las que trabajan de vocación son las auxiliares, que salen de cursos", dijo.
Reclamo grupal
Para manifestarse en contra de esta nueva normativa y comunicar sus posibles consecuencias, dueños y directores de jardines maternales de toda la provincia han comenzado a organizarse. "Estamos todos en un grupo general y en uno por cada departamento", detalló Pérez, a la vez que adelantó que allí acuerdan las medidas para ser escuchados. "Vamos a presentar notas y haremos lo que tengamos que hacer para que valoricen el jardín maternal", subrayó.
Mientras, Aguilera reconoció que están trabajando a contrarreloj y que, además de las notas formales, no descartan pedir apoyo de los padres. “Tendremos que convocar a una marcha con ellos, ya que van a ser los principales afectados”, adelantó.
Desde el nuevo gobierno provincial, que asumió el pasado martes, explicaron que el gobernador Rodolfo Suárez se ocupará del tema al regreso de sus actividades fuera de la provincia. "Se va a juntar con José Thomas, titular de la DGE, para estudiar la medida", anticiparon desde allí, a la vez que aseguraron que se tendrán en cuenta los reclamos de la comunidad de los jardines.
Otros puntos
Además de regular la cantidad de docentes por sala de acuerdo a la edad y otros requisitos para el personal, la ley Nº 9201 establece:
-La creación de un Registro Único de Instituciones Privadas de Educación Maternal y/o Atención Temprana de la Provincia de Mendoza, en el ámbito de la DGE.
-La presentación de un Proyecto Educativo Institucional hasta el 30 de junio de cada año.
-La obligación de todas y cada una de las personas que integran la Institución (ya sean directivos, docentes y todo el personal en su conjunto), de realizar la denuncia correspondiente, según lo preceptuado en la Ley 9.054 y sus Decretos Reglamentarios, en caso de detectar o sospechar casos de vulneración de derechos de las niñas o niños a su cargo.
90 días para adecuarse
La ley Nº 9201, que tiene por objeto regular el funcionamiento de los jardines maternales, establece que los jardines que ya se encuentran en funcionamiento tendrán 90 días corridos, desde la publicación en el Boletín Oficial, para adecuarse a sus exigencias a fin de poder continuar normalmente con sus actividades
