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hace 2 horas
Legisladores de distintos bloques recibieron al titular de la Dirección General de Escuelas, Jaime Correa, para analizar la situación del Instituto Antonio Próvolo, la intervención de la cartera en el asunto y el destino de los alumnos de la escuela en la que ocurrieron abusos sexuales.
En la reunión también estuvieron presentes el director de Asuntos Jurídicos Francisco Fernández, la directora de Educación Privada Beatriz Della Savia y la directora de Educación Especial Susana Yelachich.
Ante las consultas de los legisladores, Della Savia indicó que luego de conocidos y denunciados los hechos de abuso se realizó un “barrido” desde el año 2000 en adelante para constatar si había existido alguna denuncia relacionada al Instituto Próvolo que hubiera ingresado a Mesa de Entradas del organismo provincial.
"En el barrido que se hizo desde el 2000, no hubo denuncias sobre el Próvolo en la DGE", remarcó.
Además, señaló que cualquier escuela debe denunciar un hecho de estas características.
“Es una obligación legal que está fuertemente sancionada y eso no tiene nada que ver con la religión. Cualquier docente que detecte un caso tiene la obligación de denunciar”, expresó la funcionaria.
En cuanto al destino educativo de los chicos, desde la DGE aseguraron que se garantizará la escolaridad de los alumnos.
"El Estado debe ahora garantizar el derecho de los niños a tener oferta educativa, a seguir escolarizados, y por lo tanto, las acciones que se tomen también tendrán que ver con el avance de la causa judicial", acotó Della Savia.
Asimismo, los funcionarios dijeron que inmediatamente conocido el caso se solicitó a la justicia la prohibición de acercamiento de la orden religiosa con los alumnos del instituto y a su vez, de manera preventiva, se decidió que la supervisión correspondiente se instalara en la institución hasta el final del ciclo lectivo y se conformó un equipo de contingencia ante los casos que pudieran surgir espontáneamente.
En el transcurso de la reunión se hicieron presentes algunos padres y docentes del instituto Próvolo, quienes expresaron su posición en relación a los hechos que se investigan, como así también el defensor de Personas con Discapacidad, Juan Carlos González.
Por su parte, el presidente de Diputados Néstor Parés informó que las dudas de los legisladores fueron evacuadas y dijo que también se escuchó a algunos padres y docentes que expresaron su posición.
El legislador del FIT Lautaro Jiménez pidió a las autoridades de la DGE informe cuántas escuelas en Mendoza están bajo la órbita de la Iglesia Católica y cuántos cargos subvenciona la provincia a la Iglesia.
En tanto, Sonia Carmona (FPV) sugirió al Defensor de Personas con Discapacidad, trabajar para ver si es necesario modificar la legislación vigente en cuanto a los controles, para darle al Estado mejores herramientas en este sentido.
También asistieron Beatriz Varela, Analía Jaime, César Biffi, Gabriel Balsells Miró (UCR), Sonia Carmona, Daniel Rueda (PJ), Lautaro Jiménez y Héctor Fresina (FIT).
