La DGE deberá pagar $ 20 millones a padres de alumnos accidentados

El Estado mendocino deberá pagar este año 20 millones de pesos a padres de alumnos que sufrieron algún daño en las escuelas públicas. Este monto es el resultado de diversas condenas contra la Dirección General de Escuelas a partir de demandas de padres de alumnos que asisten a establecimientos escolares y sufrieron alguna caída, golpes o accidentes dentro de los edificios educativos.

Esta semana se publicaron en el Boletín Oficial varias resoluciones firmadas por Jaime Correas, titular de la DGE, respecto a los pagos que el organismo deberá ejecutar.

"Tiene que ver con el trámite administrativo de registración de los juicios", explicó a Los Andes el director de Asuntos Jurídicos de la DGE, Francisco Fernández. Es que antes era la Fiscalía de Estado quien registraba los juicios y establecía en el presupuesto anual el monto para pagar las condenas.

Sin embargo, esto se modificó y todos los juicios a organismos descentralizados los debe registrar cada uno de éstos. "Cuando el Estado provincial es condenado debe regir un procedimiento. Antes esto lo hacía Fiscal de Estado, pero respecto a la DGE ya no porque es órgano autárquico", aclaró Fernández.

Además, explicó que este año se da un "procedimiento de excepción de pago de ejercicios que están vencidos", ya que contemplan las sentencias que quedaron firmes entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de agosto de 2018. "Hay 65 juicios que estaban vencidos de pago", agregó el funcionario.

"Generalmente se trata de juicios de daño y perjuicio", es decir de padres de alumnos menores de 18 años que sufrieron algún tipo de accidente y decidieron demandar al Estado.

Balance positivo

Si bien el monto es significativo, Fernández destacó que "todos los años desde 2016 se fueron disminuyendo los montos de condena y la cantidad de juicios". "Esto tiene que ver con un mejor control, mejor administración y mejor defensa", destacó. Además, explicó que se da una celeridad en los procesos judiciales a partir de la reforma del Código Civil que elimina el exceso de pruebas, que dilatan los tiempos.

Según los datos oficiales, las condenas por montos menores y la menor cantidad de juicios permitió que se redujera en un 50% la cantidad de dinero que el Estado debe pagar por estos conceptos, teniendo en cuenta la actualización de los valores.

"En más de la mitad hemos disminuido el monto de la condena. A partir de un sistema educativo que está funcionando bien. Hay un carácter de regularidad y constancia, mejoraron la obligación de control y custodia en las escuelas", destacó.

"Hay una mejor tarea de control y garantía de los docentes. Los chicos reaccionan con más cuidado que antes porque el staff docente está trabajando con más dedicación", evaluó el asesor.

"El sistema educativo funciona distinto. Al tener buena administración, hay mejores resultados en el hecho educativo. Es un andamiaje estatal que funciona bien, tiene mejor reacción para la consecución de los fines estatales, que son que los chicos estudien y los docentes trabajen", agregó Fernández.