Un curioso caso enfrenta a una funcionaria de la Dirección General de Escuelas con su jefe. Es que el último día hábil de 2018, antes de irse de vacaciones, Jaime Correas firmó la resolución Nº 3463 para revocarle el traslado a una escuela Nº 2-037 de Tupungato con el 80% de zona a la directora de Educación Especial, Susana Yelachich.
Entre los fundamentos, Correas indicó que el traslado de Yelachich que había aprobado la Junta Calificadora está prohibido por el Estatuto del Docente. Además, insistió en que la Junta tiene una competencia "consultiva y no resolutiva".
Por su parte, Yelachich aseguró que el poder resolutivo al momento de su traslado estaba en la Junta. "Yo me trasladé en febrero y el poder del Director de Escuelas en salió en marzo", dijo la funcionaria.
"Yo pregunté en todas las áreas si se podía hacer el trámite, en legales, en la oficina técnica y me autorizaron. No había ningún impedimento", agregó ayer a Los Andes, sorprendida por la resolución.
Además, la profesora que este año cumple 60, dijo que goza de licencia por artículo 61 (mayor jerarquía) y que desde 2015 ocupa un cargo en la DGE.
Desde el gobierno escolar aseguraron que se trata de "un caso más" de los aprobados por las Juntas que están revisando. "Es una declaración netamente jurídica sin ningún tinte político, porque lo que se está controlando es el funcionamiento de la Junta que se ha enrolado en funciones que no tenía", explicó el director de Asuntos Jurícos, Francisco Fernández.
"Estamos revisando los casos entre 2008 y 2018 de funcionarios con cargos electivos o no electivos. Estamos aplicando el estatuto. Cuando un funcionario está en pasiva no puede pedir ningún movimiento de su carrera. Este es un acto de transparencia del Estado muy importante. Si un funcionario ha sido beneficiado, el Director de Escuelas lo revé y lo deja sin efecto", agregó.
Hasta el momento, se han revocado los traslados de cuatro ex funcionarios del PJ -Alicia Lena, Darío Yantén, Walter Berenguel y Adriana Abdo-, más el de la senadora Mariana Caroglio y la propia Yelachich.
Por qué se revocó
La resolución publicada ayer en el Boletín Oficial hace foco en la competencia consultiva y no resolutiva de las Juntas Calificadoras. Discusión que la DGE dio por cerrada con la resolución de marzo del año pasado, en la que dejó sin efecto el acuerdo paritario de 2009 con el que los cuerpos colegiados alcanzaron potestades decisorias, disciplinarias y de organización.
También recurre al Estatuto del Docente y al Decreto Reglamentario Nº 313/85.
Valiéndose de distintos artículos asegura que un docente para ser trasladado no debe estar en la categoría pasiva. Y se considera en pasiva "al personal en uso de licencia o en disponibilidad sin goce de sueldo, al que desempeñe funciones políticas electivas o no, regidas por sus respectivas leyes, al que esté cumpliendo servicio militar y a los docentes suspendidos en virtud de sumarios administrativos y procesos judiciales".
Por lo tanto, como Yalechich estaba en ejerciendo como funcionaria política de la DGE se considera al traslado como "un acto jurídicamente inexistente con vicios manifiestos y groseros".
Más allá de esto, se trata de un capítulo de la embestida de la DGE sobre los órganos colegiados. El primero fue en marzo de 2018, desconociendo las facultades que le había otorgado el acta paritaria de 2009.
En noviembre, cuando Correas resolvió el caso Caroglio también fue contra las Juntas.
Declaró los actos del órgano jurídicamente inexistentes, viciados e ilegales. Además, ordenó revisar todas las decisiones que había tomado entre 2008 y 2018 para confirmar o descartar la existencia de favoritismo o amiguismo político, sindical o de otro tipo.
Después, en diciembre la DGE decidió ser la principal promotora de las elecciones -postergadas durante cinco años- en las Juntas que debían renovar la tercera parte de sus integrantes: los docentes que supuestamente no deberían responder ni al gobierno ni al sindicato.
Para ampliar la participación, le dio el día libre a los docentes para que fueran a votar y aseguró que 40 mil maestros fueron a las urnas.
Ahora, otra vez la DGE revisa una decisión de la Junta y la revoca. "Los traslados en cuestión estaban en esos casos expresa, concreta y objetivamente prohibidos", sentencia la resolución. Y asegura que la Junta actuó en forma "arbitraria como vicio de la voluntad".
Igual al caso Caroglio
En octubre, la docente y senadora Mariana Caroglio (UCR) quiso pedir el traslado de la escuela Maure a la Eva Perón. Tras dos etapas en las que recibió el visto bueno de la Junta, cuando llegó el momento de elegir la institución fue "escrachada" por miembros del órgano colegiado y por algunos presentes.
Su pedido fue rechazado por Correas, quién pidió revisar todos los actos similares.
En detalle
Funcionaria en "pasiva". Susana Yelachich es directora de Educación Especial. Conocida como la voz de la DGE en el caso Próvolo, es docente en "pasiva" por ser funcionaria.
Traslado trunco. En el concurso público de Traslados de Directores Titulares del 26 de febrero de 2018, la Junta Calificadora de Educación Especial le dio el traslado a la Escuela Nº 2-037 de Tupungato, con el 80% de zona. En abril cumple 60 años y podía jubilarse con ese sueldo.
