Antes que se produjera la fuerte devaluación, entre abril y agosto de 2018, se había instalado un debate muy serio donde las mismas empresas analizaban, con números concretos, que la mejor forma de mejorar la competitividad era atacar las causas que la impedían y en eso incluían los costos impositivos, los sistemas regulatorios y las leyes laborales. Todos entendían que una devaluación sola no solucionaría los problemas por el clásico traslado a inflación.
A pesar de estas demandas, el gobierno no consiguió avanzar en ninguno de los frentes.
En un caso por la resistencia de los gremios a analizar cualquier modificación, manteniendo el sistema laboral desactualizado con leyes de la década del ‘70 para una realidad totalmente distinta.
Por otra parte, el gobierno tampoco pudo avanzar en reformas serias que puedan generar una rebaja del gasto público para poder bajar impuestos. La resistencia de los gobernadores en asociación con los legisladores impidió avanzar. No obstante haber sancionado el Pacto de Responsabilidad Fiscal, a poco de andar, todos comenzaron a pedir más fondos sin ninguna intención de bajar los gastos.
Después de la devaluación, el gobierno nacional decidió transferir obligaciones a las provincias pero éstas resistieron, para lo cual tuvieron que aumentar impuestos e imponer retenciones a todas las exportaciones, incluidas las de servicios. Si bien el gobierno nacional necesita terminar 2019 con déficit cero, lo hace sin que el Estado sacrifique nada sino aumentando la presión fiscal sobre el sector privado, que ya está en un nivel récord.
Hoy la economía está paralizada. Las exportaciones no han podido progresar porque la evolución del dólar es lenta frente a la inflación pero el aumento de la presión impositiva junto a las retenciones termina atentando contra los objetivos del gobierno. Además, con las altas tasas de interés que fija el Banco Central, el consumo no encuentra vehículos para una reactivación.
Pero ahora aparece un problema. Brasil, con su nuevo presidente, está encarando un programa de reformas que incluye rebajas impositivas, reforma laboral y disminución de aranceles de importación. En la medida que Brasil avance con estas modificaciones, Argentina quedará en condiciones de inferioridad dentro del Mercosur. Pero el problema es que Argentina debe comenzar rápidamente para no quedar descolocado porque, por lo que se ve, Brasil avanza con rapidez.
Hay cosas que no se pueden seguir postergando. La competitividad tiene condiciones que el Estado debe completar en torno de la legislación y la carga fiscal, pero las empresas también deben encarar inversiones para mejorar la productividad y poder competir en condiciones de igualdad.
