Sociedad
Ya rige el carnet con 10 años de duración: qué pasa con las licencias ya emitidas
hace 1 hora
El interbloque Cambiemos sufrió hoy su segunda derrota en la Cámara de Diputados, tras la aprobación de la ley antidespidos –después vetada por el presidente Mauricio Macri–, al resultar vencedora por 107 votos a 105 una moción del kirchnerismo para que vuelva a comisiones un proyecto de ley que establecía el régimen de Participación Público Privada (PPP), promovido para atraer inversiones al país.
La votación en realidad terminó empatada en 106 luego de que un diputado radical, el santafesino Hugo María Marcucci, tras mirar el tablero, corrigiera su voto. Pero la sesión ya estaba caída, los diputados se habían levantado de sus bancas y el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, la dio por concluida.
La iniciativa no fue aprobada luego de que el bloque de Sergio Massa, el principal aliado opositor del oficialismo, decidiera apoyar su vuelta a comisiones. El diputado macrista Luciano Laspina interpretó que el líder del Frente Renovador fue incapaz de controlar a su tropa. Ya durante el debate, diputados de ese bloque formularon posiciones a favor y en contra del PPP. Marco Lavagna había anunciado su apoyo y José Ignacio de Mendiguren, su rechazo.
"Estaba todo acordado con Massa. Pero en la votación se partía su bloque. Entonces, votaron la vuelta a comisión", explicó a Laspina.
Luego, el massista Alejandro Grandinetti intentó minimizar las diferencias internas en el bloque Unidos por una Nueva Argentina (UNA): "No es ningún problema que vuelva a comisión", dijo a periodistas acreditados en el pasillo del Palacio del Congreso, al lado de Laspina, con quien cruzó algunas chanzas, ya distendidos.
El secretario parlamentario del bloque de la UCR, Jorge D’Agostino, dijo que Massa mandó a votar la vuelta a comisión porque “tenía el bloque partido, tanto en la votación en general como en la particular” y descartó que se hubiera tratado de una represalia del massismo por la frustrada inclusión de la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), ordenada por la Casa Rosada tras el rechazo de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió.
Sin embargo, apenas salió del recinto, la diputada massista Graciela Camaño –una parlamentaria de larga trayectoria y audacia en retórica política–, intentó demostrar que en su bloque no hay desunión, al decir que “la venganza es un plato que se come frío”.
Como fue el último proyecto del temario, al finalizar la sesión los diputados del Frente para la Victoria-PJ sintieron el resultado de la votación como un triunfo propio y se retiraron del recinto cantando “vamos a volver”.
Pese al festejo kirchnerista, la iniciativa había sufrido numerosas objeciones de toda la oposición ya durante el debate en comisiones –e inclusive del radicalismo y del macrismo-, por lo que Cambiemos estaba dispuesto a introducir cambios en la sesión con el fin de que el texto se le devolviera al Senado para su sanción definitiva. Pero las concesiones fueron en vano: la iniciativa volverá a debatirse en el plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda de Diputados.
Con la ley PPP, el Gobierno apunta a dinamizar la inversión en infraestructura y crear empleo, mediante la asociación entre el Estado, que obtiene ventajas en el financiamiento a largo plazo, y el sector privado. El oficialismo argumentó que la herramienta aporta transparencia en la ejecución de las obras, mientras que las compañías asumen el riesgo de la construcción.
Este tipo de contratos se aplicó para construir rutas en Chile, puertos y vías navegables en Colombia y Paraguay, aeropuertos en Uruguay, ferrocarriles en varios países, incluido Brasil, y transporte urbano de pasajeros en Perú. También, hospitales y colegios en Reino Unido.
De acuerdo con la iniciativa, entre los sectores en que el Estado podría aplicar PPP figuran transporte y logística, desarrollo urbano, agua, energía, comunicaciones, educación, salud, seguridad y defensa.
El proyecto de ley había ingresado el 14 de junio pasado por el Senado, que le dio media sanción hace un mes, y el Gobierno pretendía que con él dar una nueva señal de mejoramiento del clima de negocios, a partir del cambio de administración. Pero en la Cámara de Diputados le puso un freno.
En el recinto, el kirchnerista Áxel Kicillof que se quiten "los controles, se delegan las facultades, e inclusive la cacapacidad de tribunales argentinos de fallar sobre qué pasa con esos contratos".
“Esto es para ortorgarles a capitales extranjeros la obra pública argentina”, denunció el exministro de Economía de Cristina Kirchner. Y al apoyar la vuelta a comisiones dijo que “es un proyecto que en su redacción actual tiene la posibilidad de privatizar cuestiones que son de utilidad pública”.
Lavagna, que fue el negociador del texto con el oficialismo, destacó que se le introdujeron controles tanto normativos como fiscales, desde la creación de una bicameral para analizar todos los proyectos hasta limitar al 7% del PBI el monto de los emprendimientos, así como hacerlos figurar en el Presupuesto. Pero la explicación no alcanzó.
