El reciente fallo de la Corte Suprema sobre las tarifas de gas complica las metas fiscales. Pero lo peor es que puede demorar inversiones imprescindibles para superar la crisis energética.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, que revocó el aumento en las tarifas de gas domiciliario, es un escollo importante para la política económica del gobierno de Mauricio Macri.
No se trata sólo del costo fiscal de la decisión, cuya magnitud no es hoy posible estimar con precisión. Si bien el consumo domiciliario es sólo el 26% del consumo total de gas natural, ya hay y seguramente habrá más pedidos de amparo de diferentes grupos, como el sector Pyme (ya lo planteó, por caso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME), clubes, cooperativas, entidades de fomento, etc, que también querrán ser alcanzados por la revocación de la suba tarifaria.
Ese costo no es despreciable: un primer cálculo es que el fallo supondrá un aumento transitorio del gasto público (por lo que el gobierno no podrá "ahorrar" en corte de subsidios) de 20.000 millones de pesos. Más allá del peso jurídico de los argumentos del fallo, que enfatizó sobre todo la necesidad de audiencias públicas, el episodio desnuda lo absurdo de la política energética de los años K.
En el caso del gas, un estudio del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata precisó que el 20% más rico de los argentinos recibió (y seguirá recibiendo, con el actual status quo) el 39% de los subsidios, mientras que la parte para el 20% más pobre es del 12%, menos de un tercio de lo que reciben los más ricos. Peor aún: 40% de los hogares argentinos no recibe gas de red; debe abastecerse, si puede, de gas de garrafas, mucho más caro.
Esta política derivó, por ejemplo, en que entre 2005 y 2015 el consumo de gas aumentó 20%, mientras que la producción cayó 20% y las reservas 25% en volumen y a menos de la mitad en años de producción y/o consumo: de 16 a menos de 8. Política y resultado singulares: no hay ninguna región del mundo que haya tenido esa evolución.
Una consecuencia fue el aumento sostenido de las importaciones, que explican hoy casi un tercio del gas que consumimos. Las que más crecieron fueron las que se realizan a través de costosos buques metaneros, con al menos cuatro agravantes:
1) Gran parte se hace desde países lejanos (Egipto, Qatar, Nigeria, Bélgica), lo que encarece el costo de transporte.
2) Su carga se regasifica en plataformas móviles, operación más riesgosa y más cara que la regasificación en plataformas fijas, como hace Chile.
3) La existencia de corrupción en los contratos, como el caso del buque "fantasma" que nunca llegó a la Argentina, pero por cuya carga se pagaron 57 millones de dólares.
4) El hecho de que como una de las plataformas móviles (Escobar) está sobre un curso de navegación interior, algunos buques de gran porte debieron aligerarse para entrar, venteando miles de metros cúbicos de gas por los que el país pagó fortunas.
Así y todo, decíamos, lo peor no es el costo fiscal ni prorrogar unos meses más una estructura tarifaria y de subsidios tan regresiva y absurda, sino el mensaje de fondo. Para salir de la trampa energética, la Argentina necesita inversiones extraordinarias en exploración, producción, transporte y distribución. Pero el fallo de la Corte, al plantear la posible judicialización de los precios de producción, paraliza el proceso de eventual recomposición desde su misma base.
El país paga a YPF y otras empresas por el petróleo y el gas precios muy superiores a los internacionales, supuestamente para evitar conflictos sindicales y sociales y para que las empresas exploren y aumenten las reservas y la producción local, pero desalienta la inversión sembrando dudas jurídicas y cierra el círculo del desatino alentando el derroche con tarifas (todavía) irrisorias.
En la presentación que hizo el ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante tres comisiones del Congreso, algunos diputados peronistas recurrieron a un estudio del FMI para defender la política de subsidios de la era K. Se ve que no leyeron el estudio, que trata de subsidios por completo diferentes a los que se aplican en la Argentina y que tienen que ver, en gran medida, con cuestiones de política ambiental.
Al cabo de ese tiroteo argumental algunos kirchneristas hicieron eje en que Aranguren no había respondido a la pregunta de cuál era el precio de extracción del gas en la Argentina. Como si la evolución de las cifras de consumo, producción y reservas y el regreso a la dependencia energética no fueran evidencia suficiente de la política energética de los últimos años.
Esos mismos diputados no podrían responder a una pregunta mucho más sencilla: ¿cómo es que, al cabo de un proceso económico y político según el cual la Argentina gozaba de los salarios más altos de América Latina, los argentinos no podemos afrontar tarifas que, aumentos incluidos, son las más baratas de la región, excluida Venezuela?
Sucede que, en materia de energía, la Argentina está desnuda. Como aquel rey a quien sus asistentes y cortesanos no se atrevían a revelarle que sus sastres habían sido, en verdad, unos estafadores.
