Todos los planes de estabilización que hubo en Argentina tenían diversas formas, como el “desagio” del Plan austral hasta la prohibición de indexar que estableció la Ley de Convertibilidad, y que aún sigue vigente.
En el presente, entre las medidas más notorias, se dispuso cambiar la fórmula de ajuste jubilatorio, que aplicaba una fórmula que contenía 75% del IPC y 25% del índice salarios pero, como se aplicaba con un semestre de demora, no alcanzaba a compensar la inflación que, además, crecía. Ahora que piensan que bajará, les aterra la aplicación de los índices del año pasado.
Otra decisión fue respecto de las actualizaciones de tarifas de servicios públicos, que era más grave porque tenían un doble ajuste por dólar y por inflación, lo que las hacía crecer en forma dislocada, sin mucha referencia a los costos reales.
Además, se establecieron aumentos de suma fija para los sectores privados y, aunque no habrá limitaciones, no quieren que se incluyan cláusulas gatillo o mecanismos de actualización porcentual automáticas.
Las sumas fijas, además, beneficiarán más a los sectores más bajos y producirán un achatamiento de la pirámide salarial porque los salarios más altos tendrán menos actualización que los más bajos.
El mismo criterio se utilizó como propuesta en la Paritaria Nacional docente y parece que será el criterio general que, incluso, se ha bajado como sugerencia a los gobernadores a los efectos de las paritarias con los estatales provinciales.
El problema que comienza a aparecer es que el mismo criterio no se aplicó en diversas reparticiones nacionales, donde se siguen aplicando indexaciones en actualizaciones de valores que son tomados como base para gravar a los automotores o a los inmuebles y suelen replicarse en tributos nacionales y provinciales.
Otro caso ha sido el del monotributo, que no grava a los más grandes empresarios sino a pequeños empresarios o jóvenes profesionales y trabajadores independientes. Incluso muchos contratados del Estado, a los cuales se les desindexarán honorarios, deberán solventar un incremento del 55% en la cuota del gravamen.
La misma situación se vio reflejada en la actualización del impuesto a los combustibles que, si bien se postergó por 30 días su aplicación, no se ha eliminado la forma de cálculo, lo que demuestra que estamos ante una nueva muestra de la voracidad fiscal que ajusta de una forma sus obligaciones pero lo hace de otra forma para calcular sus ingresos.
Esta forma de “desindexación asimétrica” es claramente una muestra del modelo fiscalista del ajuste del gobierno nacional, que procura ajustar al sector privado y bajar sus niveles de obligación, pero sin resignar otros gastos.
En ocasión de autorizar la renegociación de la deuda, el Congreso también autorizó formalmente a los gobernadores a aumentar los impuestos que ellos mismos se habían comprometido a bajar en el Pacto Fiscal. No fueron obligados porque, a cambio de ese compromiso, recibieron mayores porciones de coparticipación.
Sin embargo, aprovechando el cambio de gobierno, pidieron no seguir bajando y ahora, ley mediante, podrán volver a aumentar impuestos de una forma totalmente irresponsable ya que a mayores impuestos habrá una mayor profundización de la recesión y no se podrá esperar una recuperación de la economía.
Sería muy importante que los funcionarios políticos entendieran que la población puede estar dispuesta a apoyar y a hacer esfuerzos en momentos difíciles, pero que el esfuerzo debe ser equivalente para todos, ya que si los sacrificios sólo los hacen los que producen, en algún momento el cansancio puede mutar en malestar generalizado.
